Por: Maria Fernanda Fernandez Mendieta

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) removió de su cargo a Calixto Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo. La decisión se anunció la noche del lunes, luego de que un reportaje de Cuarto Poder revelara la contratación de familiares de funcionarios penitenciarios en el Congreso de la República.

A través de un comunicado, el organismo informó que la medida responde a hechos que considera graves y que busca garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario.

La decisión también fue confirmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, quien adelantó que se buscará designar a un militar en retiro para asumir la dirección del penal.

 

Reportaje reveló contrataciones de familiares de custodios de Castillo

La investigación periodística identificó que familiares directos de trabajadores del INPE encargados de la custodia de Pedro Castillo fueron incorporados a despachos parlamentarios y espacios vinculados a la bancada de Juntos por el Perú.

Entre los casos figura Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del ahora removido director de Barbadillo, quien fue contratada como personal técnico en la oficina de la congresista Azucena Isla Rojas, con una remuneración mensual de S/ 8.300.

También se identificó a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente penitenciario Juan Ramón Hurtado Barrenechea, contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con un sueldo de S/ 8.000.

El reportaje también dio cuenta de la incorporación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la congresista Catherine Palomino Casavilca. Su designación generó cuestionamientos debido a que ese grupo de trabajo evalúa proyectos de amnistía y a que Sandoval fue citado por la Comisión de Fiscalización en 2023 por presuntas facilidades otorgadas al exmandatario.

 

Ministro de Justicia cuestiona riesgo para la seguridad penitenciaria

En declaraciones al programa Las cosas como son, de RPP, el ministro Ernesto Álvarez sostuvo que la contratación de familiares de agentes penitenciarios en espacios políticos vinculados a Pedro Castillo representa un riesgo para la neutralidad y la seguridad del penal de Barbadillo.

El titular de Justicia explicó que Calixto Lucero Rodríguez es un funcionario de carrera que no estaba legalmente obligado a presentar una declaración jurada de intereses, por lo que esos posibles conflictos no fueron advertidos previamente.

Asimismo, cuestionó la falta de alertas de los organismos de inteligencia del Estado frente a estas situaciones.

Por su parte, la congresista Azucena Isla señaló que la contratación de Yulissa Lucero respondió a un requerimiento de su despacho y negó que Pedro Castillo le hubiera recomendado su incorporación. Los trabajadores mencionados declinaron brindar declaraciones, mientras que Héctor Sandoval descartó cualquier interferencia del exmandatario en su designación.

 

INPE iniciará proceso disciplinario y buscará nuevo director

El ministro Álvarez precisó que la remoción de Lucero Rodríguez constituye una medida preventiva y que su eventual salida definitiva del INPE dependerá de un procedimiento disciplinario interno.

Respecto al reemplazo, indicó que se utilizará una plaza de libre designación del sector para incorporar a un militar en retiro con experiencia en seguridad e inteligencia. Según adelantó, el coronel Lezcano recibió la instrucción de ubicar al profesional que asumirá la dirección del establecimiento penitenciario.

El INPE, por su parte, reafirmó su compromiso con una gestión transparente y aseguró que continuará adoptando medidas para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los centros penitenciarios.