Por: Maria Fernanda Fernandez Mendieta

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluaría anular la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según fuentes consultadas por La República, los jueces supremos habrían detectado un posible defecto en el proceso judicial relacionado con la definición del delito atribuido al exmandatario y a sus colaboradores. Esta situación podría motivar la nulidad del juicio y la realización de nuevas audiencias para determinar las responsabilidades penales.

La sentencia, emitida en noviembre de 2025, también comprendió a los exministros Willy Huerta, Betssy Chávez y Aníbal Torres, entre otros implicados.

 

Corte Suprema solicita explicaciones sobre la imputación fiscal

El 22 de octubre, la Corte Suprema admitió a trámite los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Procuraduría del Estado contra la condena.

En la resolución, los magistrados solicitaron a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos un informe documentado que precise cuándo y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de formar parte de la investigación preparatoria.

Asimismo, requirieron información al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para conocer si durante la investigación o la etapa intermedia se emitió alguna resolución sobre ese delito.

 

Diferencia entre rebelión y conspiración para la rebelión

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, la Fiscalía investigó inicialmente a Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión, ambos en agravio del Estado.

Durante el trámite del expediente, la Sala Penal de la Corte Suprema habría establecido en distintas resoluciones que se trataba de dos delitos y hechos diferentes. Posteriormente, la Fiscalía formuló acusación contra el expresidente únicamente por rebelión y solicitó una pena de 34 años de prisión.

El requerimiento de los jueces busca esclarecer en qué momento y por qué motivo la imputación por conspiración para la rebelión dejó de ser considerada en el proceso.

 

Posible nulidad abriría paso a un nuevo juicio

La revisión del expediente y las consultas realizadas por periodistas de La República apuntan a que una eventual decisión de la Sala Penal podría dejar sin efecto el juicio realizado y disponer que se desarrollen nuevas audiencias públicas.

El cuestionamiento se centra en determinar si los procesados conocieron con claridad los delitos que se les atribuían y si pudieron ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante el proceso.

Por el momento, la anulación de la condena no ha sido confirmada. La decisión dependerá de lo que resuelva la Sala Penal Permanente al evaluar los recursos de apelación y la información solicitada.