Por: Maria Fernanda Fernandez Mendieta

El Gobierno propuso trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos considerados de menor peligrosidad a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que actualmente se encuentran en desuso.

La medida forma parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso y busca enfrentar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Además, permitiría que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) concentre sus labores en los internos considerados de mayor peligrosidad.

 

Más de 2 mil internos por omisión de asistencia familiar

De acuerdo con información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2,672 personas se encontraban recluidas por omisión de asistencia familiar. De este total, 710 permanecían en calidad de procesadas y 1,962 cumplían una sentencia efectiva.

La iniciativa contempla identificar espacios adecuados dentro de instalaciones militares para habilitarlos como centros temporales de reclusión. Estos ambientes estarían destinados a personas consideradas de mínima peligrosidad y que no hayan cometido delitos violentos, bajo medidas de seguridad y control.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares que se encuentran actualmente en desuso para posibilitar el eventual traslado de estos internos.

 

Fuerzas Armadas apoyarían en seguridad externa

La propuesta también plantea que las Fuerzas Armadas puedan participar de manera excepcional y temporal en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios, debido al déficit de agentes del INPE.

Actualmente, el instituto cuenta con poco más de 7,000 agentes para atender las necesidades del sistema penitenciario. Con el apoyo externo de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo busca que el personal penitenciario concentre sus funciones en el control y seguridad dentro de los establecimientos.

 

Buscan limitar beneficios en delitos graves

El paquete de medidas presentado por el Ejecutivo también incluye modificaciones relacionadas con los beneficios vinculados a la terminación anticipada para determinados delitos.

Entre las propuestas se encuentra restringir la reducción de penas mediante terminación anticipada en casos de extorsión, sicariato y secuestro, considerados delitos de especial gravedad.

El planteamiento deberá ser evaluado por el Congreso como parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno para realizar reformas vinculadas al sistema penitenciario y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.