jueves 13 de agosto de 2026 - Edición Nº710

Actualidad | 13 ago 2026

Más de 600 distritos de 16 regiones quedan en emergencia por déficit hídrico

10:15 |El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días ante el riesgo de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027. La medida permitirá ejecutar acciones inmediatas para reducir los efectos de la escasez de agua y atender las zonas más vulnerables.


Por: María Fernanda Fernández

El Gobierno declaró en estado de emergencia a más de 600 distritos de 16 regiones del país debido al peligro inminente de déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, comprende zonas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca facilitar la ejecución de acciones de excepción, reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

 

Advierten disminución de caudales y reservas

La decisión fue adoptada a partir de informes técnicos que advierten sobre una progresiva disminución de los caudales y una reducción sostenida de los volúmenes de agua almacenados en los embalses.

A este escenario se suman las condiciones asociadas al desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico ecuatorial central, que incrementan la preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico durante la próxima temporada de lluvias.

 

Gobiernos regionales y locales ejecutarán medidas

Los gobiernos regionales y locales estarán a cargo de implementar las acciones necesarias, con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En la respuesta también participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Producción, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa, además de otras entidades públicas y privadas.

Según el decreto, las medidas serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. Las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con el riesgo identificado y podrán modificarse según las necesidades que surjan durante su ejecución.

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