Por: María Fernanda Fernández

El presidente de Argentina, Javier Milei, endureció la política migratoria de su gobierno tras modificar por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que difundan mensajes de odio contra Argentina o inciten a la violencia contra sus ciudadanos.

La norma, que ya entró en vigor, también autoriza a las autoridades a cancelar la residencia y expulsar del territorio argentino a quienes incurran en estas conductas. No obstante, el decreto deberá ser revisado por el Congreso, que definirá su validez.

 

¿Qué establece el nuevo decreto?

La modificación de la Ley de Migraciones dispone que podrá rechazarse el ingreso de extranjeros que "hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".

Asimismo, la norma incorpora como causal de sanción la participación en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o la incitación a cometer este tipo de acciones.

En estos casos, las autoridades migratorias podrán cancelar la residencia del extranjero, ordenar su salida del país dentro del plazo establecido o ejecutar su expulsión, considerando las circunstancias de cada caso.

La Oficina Presidencial respaldó el decreto mediante un comunicado difundido en la red social X, donde señaló que la decisión responde a las recientes manifestaciones de hostilidad contra Argentina.

 

"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", indicó el Gobierno.

 

La norma excluye las críticas políticas

Pese al endurecimiento de la política migratoria, el decreto precisa que las restricciones no podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución.

Con ello, el Ejecutivo sostuvo que busca diferenciar los discursos de odio de las opiniones protegidas por la legislación argentina.

La decisión se produce pocos días después de que Javier Milei denunciara una supuesta "campaña antiargentina", la cual, según afirmó, sería financiada por los gobiernos de Brasil y México, además del Partido Demócrata de Estados Unidos, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

El anuncio también coincide con un momento de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, luego de que Milei participara en un acto político de la oposición brasileña en São Paulo y calificara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "ladrón" y "presidiario".

 

Cambio en la política migratoria

Con este decreto, el Gobierno argentino introduce nuevas restricciones a una legislación que históricamente se caracterizó por facilitar el ingreso de inmigrantes y garantizar igualdad de derechos para los residentes en áreas como salud, educación y vivienda.

La nueva normativa incorpora como causal de inadmisión y expulsión la difusión de mensajes de odio o la incitación a la violencia contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales.