Por: Redacción TopNews
El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, ejecutó la madrugada de este viernes un operativo de allanamiento e incautación en la casa de Piero Corvetto Salinas, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diligencia se realizó en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones generales del pasado 12 de abril.
A pesar del requerimiento del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el Poder Judicial no autorizó la detención preliminar de Corvetto ni de otros implicados. El magistrado Manuel Chuyo únicamente validó el ingreso a los inmuebles y la incautación de dispositivos electrónicos y documentación relevante para el caso.
El operativo, liderado por el fiscal Raúl Martínez y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), se extendió por más de cinco horas en el departamento de Corvetto, ubicado en el distrito de Miraflores. Durante la intervención, las autoridades retiraron celulares, computadoras portátiles y archivos que serán analizados como parte de la tesis fiscal.
Simultáneamente, se realizaron allanamientos en viviendas de otros exfuncionarios de la ONPE, como Edward Eloy Alarcón González (exgerente de administración), y en locales vinculados a la empresa Galaga, proveedora de servicios logísticos durante los comicios.
La Fiscalía sostiene la hipótesis de que existió un presunto delito de colusión agravada y omisión de funciones. Los cargos se derivan del colapso logístico y los retrasos reportados durante la jornada electoral de abril, incidentes que afectaron el normal desarrollo del sufragio en diversos puntos del país.
Según el abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, se confirmó que su patrocinado se encuentra en libertad debido a que el juez determinó que no se cumplían los presupuestos necesarios para una medida restrictiva de libertad. Días antes de la diligencia, el exjefe de la ONPE había entregado voluntariamente sus pasaportes peruano e italiano ante las autoridades como muestra de su disposición a colaborar con las pesquisas.
La Procuraduría General del Estado también solicitó formalmente la inclusión de Corvetto en la investigación preparatoria, señalando que las fallas en el proceso electoral podrían haber sido producto de acuerdos ilícitos con empresas tercerizadas encargadas del material y la infraestructura de votación.