Por: Redacción TopNews

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para explicar las deficiencias logísticas en las Elecciones 2026. Durante su exposición, el funcionario informó que recibió reportes sobre retrasos de proveedores antes de la jornada electoral, pero que la información disponible en ese momento no indicaba una crisis que comprometiera el sufragio. Corvetto señaló que, de haber conocido la magnitud del problema en la distribución del material, se habrían activado medidas adicionales como la contratación de más transporte para asegurar la instalación de las mesas.

La presentación del titular de la ONPE se realiza tras la denuncia penal interpuesta por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra él y otros cuatro funcionarios. La acusación incluye presuntos delitos contra el derecho de sufragio y omisión de actos funcionales, debido a que más de 211 mesas a nivel nacional no se instalaron a tiempo. Según el JNE, esta falla operativa impidió el voto de aproximadamente 55,000 ciudadanos en 13 locales de votación, principalmente en las zonas de Lima Oeste y Lima Sur, aunque otras estimaciones elevan la cifra de afectados a 63,000 personas.

Respecto al origen del problema, Corvetto precisó que se trató de un incumplimiento en los tiempos y formas de transporte de los insumos electorales por parte de terceros. Explicó que los errores se concentraron en áreas específicas como la Gerencia de Gestión Electoral y la Subgerencia de Producción Electoral, calificando el episodio como una falla operativa puntual y extraordinaria. El funcionario descartó cualquier intención de alterar el proceso y reiteró que los resultados publicados en la plataforma oficial reflejan la voluntad ciudadana a pesar de los inconvenientes registrados en la jornada.

Corvetto acepta que hubo errores

El jefe de la ONPE ofreció disculpas públicas por el impacto causado en los electores y reconoció que la institución cometió una deficiencia en la gestión del despliegue. Por su parte, la procuraduría del JNE advirtió que las investigaciones fiscales determinarán las responsabilidades legales, las cuales podrían conllevar penas de entre dos y ocho años de prisión para los involucrados. Mientras tanto, el organismo electoral mantiene que la integridad de la elección no ha sido vulnerada y que los candidatos para la segunda vuelta de junio fueron definidos bajo los marcos legales vigentes.