Por: Alejandro Indacochea

El REINFO ha sido un fracaso rotundo. Siete años después de su creación, apenas ha formalizado al 2.2% de los mineros informales. Con la reciente ampliación del REINFO, el Congreso ha postergado una vez más la solución al problema, dejando una verdadera bomba de tiempo para el país.

Con 87 votos a favor de la ampliación, el Congreso ha legitimado abiertamente una actividad ilegal que cuenta con más de 60 plantas procesadoras en todo el país, mueve más de 10,000 millones de dólares anuales y está vinculada a actividades criminales. Se podría afirmar que el Congreso está protegiendo a quienes financiaron sus campañas, ignorando las consecuencias de sus acciones.

Además, intentan confundir a la opinión pública utilizando términos como "Minería Ancestral", "Artesanal" o "Pequeña", para referirse a lo que en realidad es "Minería Ilegal". Esta actividad no solo apoya el crimen organizado, sino que también genera homicidios, trata de personas y contamina con mercurio.

Lo sensato habría sido discutir y aprobar una nueva ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), que permitiera terminar gradualmente con el REINFO y resolver el problema de manera efectiva. Sin embargo, lamentablemente, la clase política no tiene ni el conocimiento, ni la decisión, ni la valentía para afrontar este desafío. Y, por supuesto, el Ejecutivo tampoco tiene la capacidad para observar la ley.