Por: Redacción Top News

En una votación realizada el pasado miércoles 6 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que busca “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”. Esta nueva norma establece restricciones para jueces y fiscales, prohibiéndoles dictar órdenes de detención preliminar judicial y prisión preventiva, bajo la amenaza de enfrentar denuncias por presunta falta si no cumplen.

Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación en ciertos sectores, debido a que la ley también deroga el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Esta disposición facultaba a los jueces, a solicitud de los fiscales, a dictar detenciones preliminares en casos donde no existe flagrancia, pero sí sospechas razonables de la comisión de un delito grave (con penas mayores a cuatro años de prisión) y la posibilidad de fuga o de que el imputado obstaculice la investigación.

Consecuencias

La eliminación de esta herramienta procesal afecta la capacidad de los fiscales para solicitar la detención preliminar en investigaciones delicadas. Este método ha sido empleado en los últimos años en casos de alto perfil, como el caso Lava Jato en Perú, el caso Valkiria, y otros que implican a redes de corrupción y crimen organizado, incluyendo el caso ‘Los Galácticos del Fútbol.

Otras investigaciones relevantes donde se aplicó la detención preliminar incluyen el caso Andrés Hurtado, el de los Waykis en la Sombra, Los Intocables de la Corrupción, y más recientemente, el caso de la congresista María Agüero, investigada por presunto recorte de sueldo.

La norma ha provocado reacciones en distintos sectores de la sociedad y en el ámbito jurídico. Mientras sus defensores sostienen que es necesaria para proteger el principio de presunción de inocencia y evitar abusos contra el personal policial, críticos argumentan que la medida podría limitar significativamente las herramientas de los fiscales y jueces para investigar y sancionar actos de corrupción y crimen organizado en el país.