Por: Alejandro Indacochea

Algunos datos:

El costo de la ola de extorsiones asciende a 6 mil millones de soles, lo que representa el 3.5% del PBI (Confiep). Asimismo, más del 50% de los 23 mil bodegueros son extorsionados y se estima que 2,600 han cerrado en 2023 (Asociación de Bodegueros).

Además, 7 de cada 10 transportistas han sido extorsionados, y la cuota de extorsión asciende a 15 mil soles por mes (Federación de Transporte), sin embargo, solo el 25% de las víctimas denuncian los hechos.

Por otro lado, en el primer semestre de 2024, hay 300 obras paralizadas que equivalen a mil millones de soles (CAPECO).

Ante esta situación, tenemos un gobierno indiferente e indolente que niega lo evidente, sin tener estrategia alguna. Además, un Congreso cómplice con la alianza del Fujimorismo y Alianza para el Progreso, quienes son los que gobiernan.

Se hace un llamado al Congreso, al ministro del Interior y el hemiciclo permanece vacío. Este Congreso abiertamente protege y legisla a favor de la delincuencia. Dan nuevas leyes para la colaboración eficaz, las intervenciones de los fiscales y pierden tiempo en una discusión semántica sobre "terrorismo urbano" o "criminalidad sistemática", sin proponer o tener estrategia alguna para enfrentar al nuevo terrorismo.