Por: Alejandro Indacochea

El costo de la seguridad y el orden interno para el Estado peruano asciende a 15 mil millones de soles. Sin embargo, hay otros costos vinculados a la inseguridad ciudadana que es importante tener en cuenta:

1. Disminución de la inversión extranjera: El riesgo de pérdidas en zonas peligrosas, como la minería en Pataz, disuade a los inversores. A pesar de estar en estado de emergencia, se siguen reportando asesinatos, como el reciente caso en la mina La Poderosa, ante el silencio cómplice del gobernador de la región de La Libertad.

2. Reducción del turismo extranjero: Los países comienzan a recomendar a sus ciudadanos que eviten visitar zonas de riesgo, afectando el flujo turístico.

3. Aumento de los costos de seguridad en las empresas: Las empresas deben invertir más en seguros, sistemas de vigilancia, protección y resguardo.

4. Cierre de actividades empresariales en zonas peligrosas: El temor a emprender nuevos negocios en estas áreas lleva al cierre de actividades empresariales.

5. Disminución del comercio minorista y de los servicios de hotelería: Las zonas peligrosas ven una reducción en el comercio y los servicios.

6. Reducción del consumo: La población evita salir de noche y frecuentar lugares expuestos a la delincuencia, afectando especialmente a pequeños negocios como restaurantes de menú, boticas de barrio, bodegas, peluquerías, talleres y comedores populares.

Además, la situación se agrava con el paro anunciado por las empresas de transporte público debido a extorsiones, asesinatos de chóferes e incendios de vehículos.

La falta de una estrategia clara por parte del gobierno para enfrentar esta situación, junto con un ministro del Interior que se mantiene en el cargo pese a múltiples acusaciones, complica aún más el panorama. Esta situación se ve agravada por la complicidad de un Congreso que protege abiertamente la informalidad y la delincuencia, contribuyendo al deterioro del país y al avance del "terrorismo urbano".