Por: José Luna

Veinte muertos, 150 heridos y 361 incendios que han consumido 5 mil hectáreas de bosques. Este es el más reciente balance de los siniestros forestales activos desde el 1 de julio en el país. ¿Acaso las autoridades del Gobierno central no tenían noticia de estos eventos, o simplemente dejaron que, literalmente, el mundo arda bajo la lógica de que uno no repara aquello que no provocó?

Esta manera de pensar, que sería propia de un irresponsable adolescente, pero riesgosa e imperdonable en una mandataria, en un premier o en toda la representación política nacional, ha quedado al descubierto en los tres momentos de este ecocidio: primero, el Gobierno no se hizo cargo de la situación, sino hasta dos meses después; segundo, la presidenta ha minimizado de todas las formas posibles la gravedad del asunto y se ha burlado de las lágrimas -literales y metafóricas- de todas aquellas personas que piden al Estado actuar para contener la crisis. Finalmente, el premier, fungiendo de improvisado escudero, aunque más ubicuo Sancho Panza, ha pedido que los ánimos se calmen, que no es para tanto. El Gobierno del Perú ha pasado de ignorar el problema a negar su real magnitud. El Gobierno del Perú, como en las protestas criminalizadas, los casos de corrupción, los Rolex y la huida de Cerrón, confirma su vocación negacionista.

¿Por qué las autoridades adoptan una actitud tan ligera, como si la existencia del Amazonas o su acelerada destrucción no fuera una preocupación geopolítica y ambiental de primer orden, incluso a espaldas de las demandas de la población? ¿Por qué, más de esta contingencia y en general, la gestión de Dina Boluarte no ha conseguido consolidar una posición nacional firme que permita construir una agenda legítima de unidad pragmática que permita abordar las urgencias y ponerse a la cabeza del país como correspondería naturalmente a un Gobierno?

Creo con firmeza que hay decisiones que no se pueden tomar mirando a las encuestas o con un termómetro en la axila de la opinión pública; no obstante, la dinámica de la relación entre el Gobierno y la ciudadanía exige que, en determinados temas, no solo se busque la legitimación de las acciones gubernamentales, sino que, a partir de dicho voto de confianza, se consolide un liderazgo que influya y dirija el parecer popular. Un círculo virtuoso o vicioso, según como se mire.

Dina Boluarte y su cohorte de ministros y asesores han mostrado ineptitud total para cumplir estas tareas, pero ello no es una novedad. Lo preocupante es cuánto más podría deteriorarse la institucionalidad si se sigue en esta deriva en la que es imposible siquiera llegar a un consenso sobre si el incendio en la selva debe ser atendido o no, o sobre si la pérdida de especies animales y el innegable impacto sobre la vida humana y la economía son de alguna importancia más allá de la política. La ausencia de premisas y horizontes morales es tan grave que el Gobierno prefirió financiar con 750 millones de dólares el rescate de Petroperú en vez de reforzar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea para combatir el fuego, y esta indolencia es percibida por toda una nación hambrienta de liderazgo y empachada de decepciones. Está claro que no solo el Amazonas arde.