Por: Alejandro Indacochea

La deuda total de Petroperú se estima en 8,500 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8% de la deuda externa del Perú. Se calcula que el monto a ser entregado a Petroperú es alrededor de 3,000 millones de dólares, equivalentes a 10,200 millones de soles.

El decreto de urgencia no especifica cuánto se debe pagar por la deuda externa en bonos ni por la refinería de Talara. Además, los mil millones de dólares otorgados como capital de trabajo probablemente tampoco podrán ser pagados.

El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya asumió una deuda de 4,766 millones de dólares, con la cual se podrían haber construido más de mil colegios y más de 30 hospitales, según la Cámara de Comercio.

Comparando esta suma con el presupuesto público asignado para 2025, encontramos que equivale a:
El 20% de lo asignado a educación.
El 33% de lo asignado a salud.
El 44% de lo asignado a transporte.
El 65% de lo asignado a orden público y seguridad.
El 98% de lo asignado a protección social.

La llamada “reestructuración” no es más que postergar el problema, sacrificando recursos que deberían ser prioritarios para el país, especialmente en un contexto de emergencia nacional en seguridad y salud. La situación actual demanda una atención urgente en estos sectores críticos, y desviar fondos esenciales solo agrava la crisis que enfrentan millones de peruanos. Además, esta reestructuración es más de lo mismo, ya que no existe un plan estratégico claro y definido sobre la reestructuración de Petroperú, perpetuando así el problema.

Es irresponsable que el gobierno considere poner en el directorio de Petroperú a las mismas personas que originaron o son causantes del problema, como el exministro de Energía y Minas y el presidente del directorio acusado de falsear cifras. Estos individuos, junto con el primer ministro, fueron convocados a una reunión privada por la presidenta, dejando en una situación vergonzosa e incómoda a los ministros de Energía y Minas y de Economía.