Por: Redacción Top News

El Poder Judicial impuso una pena de dos décadas de prisión a Vladimiro Montesinos tras determinar su responsabilidad en el homicidio de la periodista Melissa Alfaro Méndez, en el contexto de los ataques con sobres explosivos ocurridos en 1991. La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que concluyó que el exasesor actuó como autor mediato del crimen.

En el mismo proceso, también se evaluó la participación del coronel en retiro Víctor Penas Sandoval, señalado como ejecutor directo; sin embargo, fue absuelto de los cargos. Asimismo, se estableció responsabilidad por tentativa de homicidio contra otras figuras, entre ellas el defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz y el exparlamentario Ricardo Letts Colmenares.

De acuerdo con la acusación fiscal, estos atentados formaron parte de una estrategia estatal orientada a neutralizar a personas consideradas cercanas o defensoras de grupos subversivos. En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo: “Por ello, se le imputa a Montesinos Torres que, al ser informado por sus canales de inteligencia respecto a la presencia de personas que tenían supuesta vinculación terrorista (…), ordenó que se cumpla con el envío de sobre bomba contra estas personas”.

Los hechos se remontan a una serie de ataques con artefactos explosivos camuflados en correspondencia, que causaron la muerte de la periodista y del ciudadano Víctor Ruiz, además de dejar heridos a otros objetivos. En esa época, algunas de las víctimas trabajaban en el semanario Cambio, medio que, según la tesis fiscal, fue estigmatizado por el gobierno de turno.

En su defensa, Montesinos alegó la aplicación de normas aprobadas posteriormente para cuestionar la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad. Durante su intervención afirmó: “Tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 en adelante y no de manera retroactiva como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991”. No obstante, el tribunal rechazó estos argumentos y ordenó el cumplimiento de la pena y reparación civil.