Por: Redacción TopNews

La minería ilegal se ha consolidado como una de las principales amenazas económicas del país. Para 2025, esta actividad mueve más de US$ 12.000 millones anuales y ha alcanzado un nivel sin precedentes: el volumen de oro ilegal exportado ya iguala al de la minería formal.

Además del impacto económico, las consecuencias son profundas. La evasión tributaria supera los S/ 7.500 millones al año, mientras que el impacto total en la economía bordea los S/ 22.700 millones. A ello se suman graves daños ambientales y una creciente crisis de salud pública en zonas amazónicas.

 

El REINFO: de solución temporal a problema estructural

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue creado como un mecanismo transitorio para formalizar a pequeños mineros. Sin embargo, su prolongación indefinida ha permitido que miles de operaciones continúen funcionando bajo una aparente legalidad, sin cumplir estándares ambientales ni tributarios.

Especialistas coinciden en que el instrumento ha perdido su propósito original y se ha convertido en un factor que facilita la expansión de la minería ilegal.

De las 35 agrupaciones políticas que participan en las elecciones de 2026, apenas seis plantean eliminar o reformar el REINFO: Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática.

Las propuestas, aunque distintas, coinciden en la necesidad de modificar el esquema actual. Algunas plantean su cierre definitivo con plazos establecidos, mientras que otras apuestan por una reestructuración con requisitos más estrictos para acceder a la formalización.

 

Predominio de medidas punitivas

El análisis de planes de gobierno evidencia que 27 partidos priorizan estrategias de interdicción: destrucción de maquinaria, operativos policiales y endurecimiento de sanciones.

No obstante, son menos las propuestas que abordan el problema desde un enfoque preventivo. Solo una parte de las agrupaciones plantea mejorar la trazabilidad del oro, una herramienta clave para evitar que el mineral de origen ilegal ingrese a los mercados formales.

El Instituto Peruano de Economía advierte que ningún partido presenta una propuesta integral para enfrentar la minería ilegal. Entre los ejes considerados fundamentales figuran la formalización efectiva, la trazabilidad, la interdicción permanente, el desarrollo alternativo, la coordinación estatal y la cooperación internacional.

Pese a ello, ninguna agrupación cubre la mayoría de estos puntos, y algunas ni siquiera plantean medidas en estos ámbitos.

 

Impacto ambiental y social en expansión

La minería ilegal ya se extiende a nueve regiones del país, afectando a decenas de comunidades nativas y cientos de ríos. La deforestación acumulada alcanza 139 mil hectáreas en la Amazonía, con especial incidencia en Madre de Dios.

En esta región, el número de dragas se ha multiplicado de forma alarmante en los últimos años, mientras que la contaminación por mercurio ha generado niveles críticos en la población, convirtiéndose en un problema de salud pública.

Algunas agrupaciones incluyen iniciativas más estructurales. Entre ellas, destacan propuestas para implementar sistemas de trazabilidad del oro, realizar censos mineros o promover modelos asociativos como cooperativas.

Sin embargo, estas iniciativas aparecen de forma aislada y no como parte de una política articulada que abarque toda la cadena de valor de la minería.

 

Presiones para ampliar el REINFO

En paralelo al debate electoral, el Congreso enfrenta presiones para extender nuevamente la vigencia del REINFO. Movilizaciones de mineros informales y proyectos legislativos buscan mantener abierto el registro, pese a las críticas de especialistas.

La decisión refleja una tensión constante entre la necesidad de una reforma estructural y los costos políticos de implementar cambios profundos.

 

Un desafío sin respuesta clara

El avance de la minería ilegal evidencia una brecha entre la magnitud del problema y la capacidad de respuesta del sistema político. Aunque existe consenso sobre su impacto, las propuestas actuales siguen siendo fragmentadas y, en muchos casos, insuficientes.

El reto no solo pasa por sancionar la ilegalidad, sino por construir una estrategia integral que permita recuperar el control del territorio y de una actividad clave para la economía nacional.