Por: Redacción TopNews

Casi 30 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior fallecimiento de Celia Ramos Durand, ocurrido en 1997 dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado en la década de 1990.

Una sentencia con alcance regional

El fallo señala que el caso de Ramos Durand no fue el único, formó parte de una estrategia implementada desde el Estado que promovió intervenciones quirúrgicas masivas en mujeres, principalmente de sectores vulnerables. Según el tribunal, esta práctica constituye un claro ejemplo de “violencia institucional contra la mujer” y marca la primera vez que la Corte utiliza en una sentencia los conceptos de “violencia reproductiva” y “esterilizaciones forzadas”.

La decisión ordena al Estado peruano adoptar medidas de reparación que incluyen indemnizaciones, un acto público de disculpa y la creación de normas que aseguren el consentimiento libre e informado en los servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, exige que se investigue y sancione a los responsables de la política aplicada durante aquellos años.

El caso de Celia Ramos

Celia Ramos tenía 34 años cuando acudió en 1997 a un centro de salud en La Legua, en Piura, inicialmente por atención odontológica. Tras reiteradas presiones del personal médico, que incluso visitó su vivienda en varias ocasiones, se sometió a una ligadura de trompas que no había solicitado.

El procedimiento se realizó en condiciones precarias. De acuerdo con la Corte, el establecimiento no contaba con equipamiento ni medicamentos adecuados para atender emergencias. Tras la operación, la mujer presentó complicaciones graves y permaneció hospitalizada durante 19 días hasta fallecer el 22 de julio de ese año.

Un programa aplicado a gran escala
El caso se enmarca en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado entre 1996 y 2001, durante el cual se practicaron alrededor de 314.000 esterilizaciones a mujeres y 24.000 a hombres. Investigaciones posteriores señalan que una gran proporción de estas intervenciones se realizó sin garantizar un consentimiento informado.

La Corte también examinó la magnitud de las intervenciones médicas. En algunos establecimientos se registraron múltiples operaciones en pocas horas, e incluso se exigían metas diarias a los centros de salud. En varios casos, funcionarios utilizaban el término “captar” para referirse a la búsqueda de mujeres que aceptaran el procedimiento.

Impacto en las víctimas y sus familias
El tribunal concluyó que el Estado vulneró los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, privacidad, acceso a la información y a formar una familia de Ramos Durand. También reconoció las afectaciones sufridas por sus tres hijas, que quedaron huérfanas siendo menores de edad.