Por: Victoria Pereda

Desde las seis de la tarde, el pleno elegirá a quien reemplazará a José Jerí en la Mesa Directiva, en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos públicos. Las postulaciones se formalizaron contra el reloj, con cuatro nombres provenientes de distintas bancadas que buscan liderar el Legislativo en una etapa clave para la estabilidad institucional.

Uno de los aspirantes es Edgard Reymundo, impulsado por el Bloque Democrático. Con formación en sociología y derecho, y una trayectoria que incluye experiencia municipal, parlamentaria y la jefatura de Migraciones, plantea una conducción orientada a garantizar transparencia en el periodo de transición. No obstante, su paso por entidades públicas ha estado acompañado de controversias, como los cuestionamientos por decisiones adoptadas durante su gestión en Migraciones y sus vínculos telefónicos con personajes investigados en años anteriores.

En la contienda también figura Héctor Acuña, ingeniero civil y empresario con experiencia en el sector privado. Su recorrido político se ha caracterizado por cambios de bancada y acercamientos a sectores conservadores del Parlamento. Aunque no afronta procesos penales abiertos, ha sido objeto de críticas por sus intereses empresariales y por obligaciones tributarias pendientes. No es la primera vez que intenta alcanzar la Presidencia del Congreso.

La tercera candidatura corresponde a María del Carmen Alva, expresidenta del Legislativo en el periodo 2021-2022. Abogada de profesión y militante histórica de Acción Popular, su gestión estuvo marcada por episodios que generaron amplio rechazo, incluidos enfrentamientos públicos con otras congresistas y denuncias ante la Comisión de Ética. Además, fue denunciada penalmente tras la difusión de audios en los que se le atribuían coordinaciones para una eventual vacancia presidencial, acusaciones que ella rechazó.

El cuarto aspirante es José María Balcázar, quien arrastra una serie de controversias tanto en el ámbito profesional como parlamentario. Fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por presuntas irregularidades administrativas cuando ejercía como decano. Asimismo, ha enfrentado cuestionamientos por declaraciones sobre relaciones con menores de edad durante el debate para prohibir el matrimonio infantil y por procesos judiciales vinculados a difamación.