Por: Redacción TopNews

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro consiguió que se confirme, en segunda instancia, la condena de prisión efectiva contra los responsables de la explotación laboral y esclavitud de jóvenes víctimas del incendio ocurrido en un contenedor del centro comercial Nicolini, en el Cercado de Lima, en junio de 2017.

Esta decisión judicial marca un hito en la justicia peruana, al convertirse en la primera sentencia confirmada en el país por el delito de esclavitud.

 

Condenas superiores a los 30 años de prisión

Los sentenciados son Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, quienes fueron hallados penalmente responsables del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, en agravio de dos jóvenes fallecidos y tres sobrevivientes.

En 2018, Coico fue condenado a 35 años de prisión efectiva, mientras que Zeña recibió una pena de 32 años. Tras la apelación presentada por esta última, en diciembre de 2025 el Poder Judicial confirmó la condena de 32 años de cárcel.

 

Condiciones inhumanas de trabajo

De acuerdo con la investigación fiscal, las víctimas eran encerradas con candado dentro de un contenedor ubicado en el quinto piso de la galería, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en un espacio con mínima ventilación e iluminación.

Los jóvenes no tenían acceso a alimentos ni a servicios higiénicos y recibían un pago de apenas 25 soles diarios, sin ningún derecho laboral. Su labor consistía en ensamblar luminarias de manera manual, reemplazando la marca original por otra reconocida, lo que generaba ganancias ilícitas para los responsables.

Como parte de la sentencia, ambos condenados fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo periodo de sus penas. Además, deberán pagar una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas sobrevivientes.

Asimismo, se ordenó el pago de S/ 479 000 y S/ 459 000 a favor de los herederos legales de las dos víctimas mortales.

 

Un precedente histórico para la justicia peruana

El fallo constituye un precedente histórico al ser la primera sentencia firme por el delito de esclavitud laboral en el Perú, fortaleciendo la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral, y reafirmando el compromiso del sistema de justicia con la protección de los derechos humanos.