Por: Redacción Top News

 

La provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad, se convirtió durante el año 2025 en uno de los escenarios más críticos de violencia en el Perú. A lo largo de este periodo, la zona fue afectada por una escalada sostenida de hechos delictivos vinculados principalmente a la minería ilegal, el crimen organizado y la disputa violenta por el control territorial de zonas auríferas estratégicas.

Durante todo el año, la población de Pataz vivió bajo un clima constante de inseguridad, marcado por atentados con explosivos, presencia de grupos armados, asesinatos, secuestros, extorsiones y enfrentamientos entre organizaciones criminales y las fuerzas del orden. Esta situación generó miedo, incertidumbre y una profunda sensación de abandono por parte del Estado, especialmente en comunidades rurales cercanas a bocaminas y corredores mineros.

La violencia registrada en 2025 no fue un fenómeno aislado ni repentino. Pataz arrastraba desde años anteriores una problemática estructural relacionada con el crecimiento descontrolado de la minería informal e ilegal. La ausencia de una fiscalización efectiva, sumada a la falta de oportunidades laborales formales y a la limitada presencia estatal, permitió que esta actividad se consolidara y evolucionara hacia formas cada vez más violentas y organizadas.

 

Pataz: riqueza minera y conflicto permanente

Pataz es una provincia con una larga tradición minera y una importante riqueza aurífera. Desde la década de 1980, esta zona ha sido reconocida como un punto estratégico para la extracción de oro, atrayendo tanto a empresas formales como a pequeños mineros artesanales. Sin embargo, esta riqueza natural se convirtió, con el paso de los años, en uno de los principales factores que alimentaron el conflicto social y la violencia.

La llegada masiva de personas en busca de trabajo y oportunidades económicas generó un crecimiento acelerado y desordenado de la actividad minera informal. En ausencia de una política estatal sólida de control y formalización, muchas de estas actividades se desarrollaron al margen de la ley, dando paso a prácticas ilegales que incluyeron la explotación laboral, el daño ambiental y, posteriormente, el uso de la violencia armada.

Las bandas criminales vieron en la minería ilegal una fuente constante de ingresos y comenzaron a disputar violentamente el control de las zonas auríferas. En este contexto, el oro se convirtió en el eje de una economía ilegal sostenida por el uso de armas, la extorsión y el asesinato, transformando a Pataz en un territorio altamente vulnerable frente al crimen organizado.

 

 

La minería ilegal como motor de violencia

La minería ilegal en Pataz no se limita a la extracción de oro sin permisos. Se trata de una actividad que opera mediante redes criminales complejas, con capacidad logística, armamento y control territorial. Estas organizaciones utilizan la violencia para asegurar la explotación de bocaminas, imponer pagos ilegales a trabajadores y empresas, y eliminar cualquier tipo de resistencia.

Uno de los elementos más preocupantes es el uso de dinamita, un explosivo originalmente destinado a labores mineras legales, que en Pataz fue convertido en un arma de intimidación y ataque. La dinamita fue utilizada no solo para abrir socavones, sino también para volar torres de alta tensión, destruir accesos a minas, generar terror en la población y obstaculizar operativos policiales y militares.

Asimismo, el uso de armas de fuego se volvió recurrente. Testimonios de trabajadores y pobladores dan cuenta de la presencia constante de sujetos armados, incluso con armas largas, custodiando bocaminas y campamentos. La negativa a pagar cupos o a acatar órdenes impuestas por estas organizaciones derivaba en amenazas, secuestros o asesinatos.

 

 

El REINFO y su uso indebido

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue creado por el Estado peruano como un mecanismo transitorio para facilitar la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales. Su objetivo inicial era ordenar la actividad minera informal y permitir una transición hacia la legalidad.

No obstante, debido a la situación en Pataz, se generó un profundo cuestionamiento al REINFO, especialmente durante 2025, cuando se evidenció que varias bocaminas involucradas en hechos de violencia, asesinatos y enfrentamientos armados mantenían inscripción vigente en dicho registro.

 

 

Un territorio disputado

Pataz se convirtió en un territorio abiertamente disputado. Por un lado, el Estado intentaba recuperar el control mediante estados de emergencia, despliegue de fuerzas policiales y militares, y operativos conjuntos. Por otro, las organizaciones criminales respondían con violencia, ataques directos y estrategias de intimidación dirigidas tanto a autoridades como a la población civil.

La disputa por el control del territorio no solo tuvo consecuencias en el ámbito de la seguridad, sino también en la vida social y económica de la provincia. Comunidades enteras quedaron atrapadas entre la presencia de grupos armados y las intervenciones estatales, viviendo en un clima de constante tensión y miedo.

 

 

Uso sistemático de dinamita como herramienta de terror

Uno de los elementos más alarmantes de la violencia registrada en Pataz durante 2025 fue el uso reiterado y sistemático de dinamita. Este explosivo, de uso común en actividades mineras legales, fue empleado por organizaciones criminales como un arma de intimidación y sabotaje.

A lo largo del año, se reportaron atentados con dinamita contra torres de alta tensión, accesos a bocaminas, caminos vecinales e instalaciones mineras. En varios casos, las explosiones dejaron a comunidades enteras sin suministro eléctrico durante días, afectando gravemente el funcionamiento de hospitales, centros educativos, comercios y servicios básicos.

La destrucción de infraestructura no solo tenía un impacto material, sino también psicológico. El uso de explosivos generó un clima de terror permanente entre los pobladores, quienes temían desplazarse por rutas cercanas a zonas mineras ante el riesgo de nuevos atentados.

 

 

 

¿Cuántas armas incautaron en Pataz?

Paralelamente al uso de explosivos, las armas de fuego se consolidaron como una herramienta central en la disputa por el control territorial. Durante 2025, se registraron múltiples enfrentamientos armados entre bandas rivales, así como choques directos entre estos grupos y las fuerzas del orden.

Testimonios de trabajadores mineros y pobladores dan cuenta de la presencia cotidiana de sujetos armados, incluso con armas largas, custodiando bocaminas y campamentos. Estas personas imponían su autoridad mediante amenazas, disparos al aire y ataques directos contra quienes se negaban a acatar sus órdenes.

El control territorial ejercido por estas organizaciones no se limitaba a las zonas mineras. También se extendía a rutas de acceso, caminos vecinales y comunidades cercanas, donde se establecían puntos de vigilancia armada para controlar el ingreso y salida de personas.

 

 

                                ¿Cuántos asesinatos registrados en pataz este año y como fueron?

Con el avance del año, la violencia alcanzó niveles cada vez más graves. Los asesinatos y secuestros comenzaron a registrarse con mayor frecuencia, convirtiéndose en una de las expresiones más crueles del conflicto.

Trabajadores mineros, agentes de seguridad y personas vinculadas directa o indirectamente a la actividad minera fueron víctimas de secuestros, muchos de ellos seguidos de asesinatos. Estos hechos no solo buscaban eliminar a rivales o intimidar a trabajadores, sino también enviar mensajes de poder y dominio territorial.

Cada nuevo asesinato profundizaba el miedo en la población y reforzaba la percepción de que el Estado había perdido el control efectivo de la provincia. Las familias de las víctimas quedaron marcadas por el dolor, mientras que comunidades enteras comenzaron a vivir bajo un estado de alerta permanente.

 

 

El asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz

Uno de los hechos más graves y conmocionantes ocurrió el domingo 4 de mayo de 2025, cuando fueron hallados los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de seguridad dentro de un socavón ubicado en el anexo de Pueblo Nuevo, distrito de Pataz. Las víctimas eran empleados de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, y habían sido reportadas como desaparecidas desde el sábado 26 de abril.

La ejecución de los trabajadores generó una ola de indignación nacional y puso en evidencia la brutalidad con la que operan las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en la región. De acuerdo con las primeras diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional, el crimen estaría relacionado con disputas por el control de zonas auríferas y rutas mineras.

El hallazgo de los cuerpos dentro de un socavón reforzó la hipótesis de que las víctimas fueron retenidas contra su voluntad antes de ser asesinadas, lo que convirtió este hecho en uno de los episodios más violentos registrados en la historia reciente de la provincia.

 

El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, declaró que el Gobierno central ha abandonado por completo a su provincia tras la masacre de los 13 mineros, y expresó su indignación y dolor por la falta de pronunciamiento de la Presidenta de la República frente a los asesinatos ocurridos en Pataz y a los hechos recientes en el distrito de Tayabamba.

 

 

 

 

Mariños denunció la grave precariedad del sistema de salud en medio de la emergencia y afirmó que no existían medios para evacuar a los heridos de bala, ya que las ambulancias estaban inoperativas y los traslados debieron realizarse hasta la ciudad de Trujillo, una situación límite que advirtió ya no da para más y ante la cual exigió un “¡basta ya!” inmediato.

 

 

Antecedentes de violencia contra la minera Poderosa

La empresa minera Poderosa informó que los hechos de violencia no fueron aislados. Desde el año 2020, la compañía ha registrado al menos 628 incursiones contra sus instalaciones, protagonizadas por organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

Estos ataques dejaron un saldo de 18 trabajadores asesinados, la destrucción de 14 torres de alta tensión mediante explosivos y el robo de más de 3.5 millones de dólares en oro. Estas cifras reflejan no solo la persistencia del crimen organizado, sino también su capacidad para sostener operaciones violentas durante varios años.

La situación transformó amplias zonas de Pataz en territorios dominados por la violencia, donde la extorsión, el asesinato y la intimidación se volvieron prácticas recurrentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo policial en Pueblo Nuevo y hallazgo de armamento

Como parte de las investigaciones por los asesinatos, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un operativo el 28 de mayo de 2025 en el anexo Pueblo Nuevo, una de las zonas más golpeadas por la violencia minera.

Durante la intervención, se detectaron viviendas que operaban como campamentos clandestinos vinculados a la bocamina Galindo. El operativo culminó con la detención de ocho personas y la incautación de armas de fuego, municiones y material explosivo.

Entre lo incautado se encontraron emulsiones explosivas encartuchadas, un revólver, cargadores y municiones de diversos calibres, lo que confirmó el alto nivel de armamento que circulaba en la zona y la estrecha relación entre minería ilegal y crimen organizado.

 

 

Enfrentamiento armado en la bocamina Galindo

La escalada de violencia continuó el 4 de julio de 2025, cuando un operativo conjunto de la PNP y el Ejército del Perú ingresó a la bocamina Galindo, tras recibir información sobre la presencia de personas fuertemente armadas en el interior del socavón.

A aproximadamente 50 metros de profundidad, las fuerzas del orden fueron atacadas a balazos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado con una presunta organización criminal conocida como “Los Duros de Galindo”. El intercambio de disparos se prolongó durante varias horas, evidenciando la resistencia armada de estos grupos frente a la intervención estatal.

Finalmente, las autoridades lograron la captura de presuntos integrantes de la organización y la incautación de tres armas de fuego de largo alcance (carabinas), además de municiones, por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones.

 

 

Avances en la desarticulación de “Los Duros de Galindo”

Documentos oficiales confirmaron avances en la desarticulación de la presunta banda criminal “Los Duros de Galindo”, cuyos integrantes son investigados por su participación en actividades armadas dentro de la bocamina y su vinculación con redes de minería ilegal.

Las investigaciones revelaron que esta organización operaba mediante el control violento de bocaminas, la imposición de pagos ilegales y el uso sistemático de armas y explosivos para mantener su dominio territorial. Sin embargo, pese a los golpes policiales, las autoridades advirtieron que la desarticulación de una sola banda no garantiza el fin de la violencia, debido a la existencia de múltiples organizaciones criminales en la provincia.

 

 

Secuestro y rescate de 15 trabajadores de seguridad

 

 

 

Otro caso emblemático ocurrió con el secuestro de 15 trabajadores de seguridad en una mina ubicada en la quebrada Porfía, nivel 2840, en Pataz. El hecho se produjo en horas de la noche, cuando delincuentes armados irrumpieron a balazos en la bocamina Villalba, amenazaron de muerte al personal y los tomaron como rehenes.

Tras recibir la alerta, las autoridades activaron la operación “Martillo 3”, ejecutada por la Fuerza Especial Conjunta de las Fuerzas Armadas y el Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional.

Durante la intervención, policías y militares se enfrentaron a tiros con los delincuentes, logrando ingresar a la mina, desactivar artefactos explosivos listos para detonar y asegurar el área. Finalmente, los 15 rehenes fueron liberados tras varias horas de operación.

No obstante, los secuestradores lograron huir tras detonar cargas explosivas en el ingreso principal y en galerías internas de la bocamina, lo que provocó el colapso parcial de la infraestructura e impidió su persecución.

 

 

Declaratoria y prolongación del estado de emergencia

La provincia de Pataz se mantuvo en estado de emergencia de manera continua desde el 13 de febrero de 2024, acumulando al año 2025 más de 22 meses bajo esta medida excepcional. La decisión respondió al incremento sostenido de delitos graves vinculados a la minería ilegal, tales como asesinatos, secuestros, atentados con explosivos y enfrentamientos armados.

Durante el 2025, el estado de emergencia fue prorrogado en diversas oportunidades, debido a que los indicadores de violencia no mostraban una reducción significativa. La continuidad de los hechos delictivos evidenció que la problemática superaba una intervención de corto plazo y requería una estrategia integral y sostenida en el tiempo.

 

 

Implementación del toque de queda y control del orden interno

Ante el avance del crimen organizado, el 9 de mayo de 2025, el Gobierno dispuso la implementación de un toque de queda en la provincia, restringiendo la libre circulación entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.. Asimismo, se estableció que las Fuerzas Armadas asumieran el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Posteriormente, desde el 8 de junio, la inmovilización social obligatoria fue recortada al horario de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., régimen que se mantuvo vigente durante el resto del año.

Estas medidas buscaban limitar la movilidad de las organizaciones criminales, reducir los enfrentamientos nocturnos y facilitar las labores de control y patrullaje. No obstante, en la práctica, los grupos delictivos demostraron una alta capacidad de adaptación, continuando con sus actividades incluso bajo el régimen de emergencia.

 

 

Creación y funciones del Comando Unificado de Pataz

Como parte de la estrategia estatal, se dispuso la creación del Comando Unificado de Pataz, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este comando tuvo como misión principal coordinar acciones conjuntas, optimizar el uso de recursos y recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la minería ilegal.

El Comando Unificado concentró su accionar en corredores mineros estratégicos, bocaminas identificadas como focos de violencia y rutas utilizadas para el traslado de explosivos, armas y mineral extraído ilegalmente. Asimismo, se priorizó la ejecución de operativos de alto impacto, con apoyo de unidades especializadas.

 

 

Operativos conjuntos y acciones de control

Durante el año 2025, el Comando Unificado ejecutó numerosos operativos conjuntos que incluyeron la intervención de bocaminas ilegales, incautación de armas, explosivos y maquinaria, así como la destrucción de infraestructuras utilizadas por organizaciones criminales.

Uno de los operativos más relevantes se realizó el 25 de mayo de 2025, cuando se intervinieron 12 bocaminas y cinco plantas de procesamiento clandestinas en el sector Suyubamba, con maquinaria valorizada en más de 36 millones de soles. Estas acciones contaron con la participación del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Público, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Además, se dispuso la instalación de puestos de control permanente en puntos estratégicos como Shicún, Calquiche y Pamparacra, con el objetivo de inspeccionar vehículos, controlar el transporte de explosivos y limitar el desplazamiento de grupos armados.

 

 

Declaraciones oficiales sobre el control territorial

 

El general Guillermo Llerena señaló que el control del orden interno en Pataz recaía principalmente en las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía Nacional brindaba apoyo operativo. Destacó que las intervenciones del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) permitieron reducir de manera significativa la actividad de varias organizaciones criminales durante determinados periodos.

 

 

Sin embargo, el general explicó que este despliegue generó el denominado “efecto Pataz”, fenómeno por el cual los grupos criminales, al perder espacios de operación, se desplazaron hacia otras zonas o intentaron retomar territorios previamente controlados, lo que derivó en enfrentamientos entre bandas rivales.

 

 

 

Pese a los esfuerzos desplegados, la respuesta del Estado enfrentó múltiples limitaciones. La geografía accidentada de Pataz, la dispersión de las comunidades, la complejidad de los socavones y la capacidad logística de las organizaciones criminales dificultaron las labores de control permanente.

Asimismo, la prolongación del estado de emergencia generó desgaste en la población, que comenzó a percibir estas medidas como insuficientes para garantizar una paz duradera. Para muchos pobladores, la presencia militar no se tradujo necesariamente en una mejora sostenida de la seguridad ni en una solución a los problemas estructurales de la provincia.

 

 

Un control frágil y en disputa

Al cierre del año 2025, la respuesta del Estado en Pataz mostraba avances parciales, pero también evidentes fragilidades. Si bien se logró una mayor presencia de las fuerzas del orden y la ejecución de operativos importantes, el control territorial seguía siendo frágil y disputado.

La persistencia de hechos violentos dejó en claro que el problema de Pataz no podía resolverse únicamente mediante estados de emergencia y operativos policiales, sino que requería una estrategia integral que aborde las causas sociales, económicas y estructurales que sostienen la minería ilegal y el crimen organizado.

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se convirtió durante el año 2025 en uno de los ejes centrales del debate sobre la minería ilegal en Pataz. Lo que originalmente fue concebido como un mecanismo transitorio para ordenar y formalizar la actividad minera informal terminó siendo, en la práctica, uno de los instrumentos más cuestionados por autoridades, especialistas y ciudadanía.