Por: Victoria Pereda

El 2025 se ha convertido en un año marcado por sentencias, investigaciones y procesos que alcanzan a autoridades en funciones, exmandatarios y figuras políticas de alto rango, como los expresidentes como Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Todo ello, impactó en la opinión pública; así, lo demuestra la XVII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, donde manifiesta que la sensación de corrupción ha aumentado desde el 2017 y alcanzó su pico histórico este año.

Por ello, en un contexto que nos acerca a las elecciones generales 2026, el 68 % de los peruanos participantes en la XVII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, definen la “honestidad” como prioridad sobre cualquier otra característica.

 

CASOS EMBLEMÁTICOS

La lista de políticos investigados y procesados es larga; ello incluía quienes tenían intenciones de postular a la presidencia en las elecciones generales 2026. Este año, se sumaron 3 expresidentes en calidad de sentenciados y cumplen una pena efectiva de acuerdo al delito por el que fueron procesados: ellos son Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.  

Para comprender el trasfondo político y jurídico de esta seguidilla de sentencias contra autoridades y exautoridades, TopNews conversó con el Dr. Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

 

En los últimos meses se ha registrado un número inusual de sentencias contra expresidentes y alcaldes. ¿Qué explicación estructural le encuentra a este fenómeno? ¿Es una justicia más activa o un sistema político que produce autoridades con déficits éticos?

 

Es un tema estructural vinculado a la cultura política y la crisis institucional de los partidos y del comportamiento ciudadano. La política se ha mercantilizado; ya no se busca el bien común, sino beneficios individuales. Esto, lleva a delitos en la función pública. Aunque el sistema de justicia es precario, el Perú es de los pocos países en América Latina que ha logrado procesar y sentenciar a sus más altos funcionarios. Sin embargo, el sistema evidencia una debilidad: la justicia solo mira una cara de la moneda. Se persigue al político (el corrompido), pero se invisibiliza al corruptor (el empresario o sector privado). Tenemos expresidentes presos, pero no a los grandes empresarios que se beneficiaron con millones de soles, de ellos se dice poco o nada.

 

¿Cómo impacta esta acumulación de procesos, condenas en el sistema político peruano especialmente cuando varios de los implicados buscan o buscaban volver a postular en 2026?

 

Impacta directamente en la confianza ciudadana, y creo que parte del descrédito de la política de la institución, del Congreso, de los partidos, tiene que ver con esto, con las conductas que acrecientan la desconfianza de los ciudadanos. Eso no nos debe alegrar, nos debe preocupar, porque la confianza es, diríamos, el principal activo tanto en lo público como en lo privado. Y cuando se pierde la confianza, pues no se puede hacer nada.

 

En las encuestas, los ciudadanos detallan la honestidad por encima de cualquier otra cualidad que pueda tener un candidato. Pero, ¿hasta qué punto estas sentencias podrían explicar la desconfianza generalizada hacia la clase política?

 

Estas sentencias acrecientan la desconfianza porque a veces con las investigaciones, los hechos objetivos demuestran responsabilidades y conductas ilícitas que no podemos tolerar. Pero también hay otra verdad: que mucha ciudadanía tolera la corrupción, la pequeña, mediana y gran corrupción. Es más, se sigue eligiendo a personas que están directamente vinculadas a la corrupción; el fujimorismo, el aprismo, a pesar de que está demostrado que están vinculados directa e indirectamente a actos de corrupción, siguen teniendo muestras de apoyo. Por ejemplo, Rafael López Aliaga está investigado por lavado de activos, aún así es el primero.

Entonces en nuestro país hay, diríamos, una hipocresía social. Decimos que luchamos, no queremos la corrupción, pero toleramos, avalamos y en el fondo también somos corruptos porque cada uno busca su beneficio. Si me beneficia algo, lo tolero, lo acepto y lo hago. Entonces la corrupción, ojo, no es un tema solo de políticos. La corrupción es un tema social e institucional en el que los políticos son el reflejo de lo que somos los ciudadanos.

 

Caso Vizcarra

El expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio cuando era gobernador regional de Moquegua en el periodo 2011 - 2014 correspondiente a los casos “Lomas de Ilo” y “`Proyecto Hospital de Moquegua”. El juicio comenzó en octubre de 2024 a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

 

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", comentó la juez Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

 

Caso Castillo

El expresidente Pedro Castillo, que gobernó apenas 500 días en el periodo 2021 – 2022, fue condenado el 27 de noviembre de 2025 a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, más dos años de inhabilitación en cargos públicos tras su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, donde disolvió el Congreso, estableció un gobierno de excepción adicional a un toque de queda y anunció la reorganización del sistema de justicia. Pero las Fuerzas Armas no le dieron su apoyo y Castillo fue arrestado camino a la embajada de México para asilarse.  Por otro lado, Betsy Chavez, su ministra de Estado en ese periodo, está actualmente asilada en esta embajada, pese a que tiene la misma condena que Pedro Castillo.

El exmandatario fue denunciado por corrupción y acusado de realizar sesiones clandestinas fuera de Palacio de Gobierno, además de cometer nepotismo, favoreciendo a sus familiares. Pero, el expresidente fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público.

La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos, pero la Corte Suprema resolvió "condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo".

 

Caso Humala

El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, al considerarlo responsable de recibir y ocultar dinero ilícito para financiar sus campañas políticas de 2006 y 2011, hecho que el Ministerio Público estaba investigando desde 2015, en medio del caso de la constructora Odebrecht.

Ese mismo día, los jueces también condenaron a Nadine Heredia con la misma pena, pero su esposa y ex primera dama, no corrió con el mismo destino. Ella no cumplió condena en Perú porque ingresó a la Embajada de Brasil en Lima y solicitó asilo político que fue aprobado por el gobierno brasileño bajo la Convención sobre Asilo Diplomático.

Posteriormente, la Segunda Sala Constitucional de Lima declaró que la detención inicial de Humala fue inconstitucional, al haberse basado únicamente en el adelanto del fallo y no en una sentencia debidamente notificada. No obstante, el tribunal precisó que el exmandatario continuará recluido en el penal de Barbadillo, ya que la sentencia ya fue leída y notificada.

 

Caso Arturo Fernández

Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo y autor del mediático “Huaco Erótico”, fue declarado culpable de difamación agravada en septiembre de 2025 por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que le impuso un año de prisión efectiva, además de una reparación civil de 20 mil soles. La resolución ordenó que cumpla la pena en el penal El Milagro y dispuso su inhabilitación política, lo que truncó sus aspiraciones de participar en las elecciones generales de 2026. Tras el fallo se ordenó su captura en territorio nacional.

No obstante, el exburgomaestre y en su momento candidato a la presidencia permanece prófugo y atribuyó el proceso a motivaciones políticas. El caso se originó en 2022 cuando aún era alcalde de Trujillo, pues realizó declaraciones públicas y en redes sociales en las que atribuyó conductas ilícitas al trabajador municipal, Julio Enrique Morillas. Estas expresiones motivaron una querella presentada en 2023, al considerarse que dañaban su honor. El caso avanzó en el Poder Judicial tras varias diligencias y reprogramaciones, hasta quedar listo para sentencia.

Actualmente, Fernández se encuentra en Argentina y desde Buenos Aires continúa dirigiendo la campaña política de su partido político Un Camino Diferente, cuya candidata es su hermana Rosario Fernández Bazán. Por otra parte, su defensa presentó un recurso que será evaluado en una audiencia de apelación programada para el 13 de enero de 2026, instancia que definirá si la sentencia se confirma, se modifica o queda sin efecto.

 

Caso Ulises Villegas

Tras el proceso judicial, el Poder Judicial condenó a Ulises Villegas Rojas, hoy alcalde de Comas, a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, además de imponerle la inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. La sentencia también alcanzó a otros funcionarios y responsables de la obra vial relacionada a la empresa UDEL Group, algunos con penas de cárcel efectiva y otros con condenas suspendidas por delitos vinculados a falsedad documental. En segunda instancia, la Sala Penal de Lima Norte ratificó el fallo, lo que dio lugar a una orden de ubicación y captura para su inmediato internamiento en un penal.

El caso se inició en 2017, cuando la Municipalidad de Comas adjudicó a la empresa UDEL Group la ejecución de una obra vial en varios asentamientos humanos del distrito. La investigación fiscal determinó que el proyecto fue recibido y aprobado pese a estar inconcluso y presentar serias fallas técnicas, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado superior a los 300 mil soles. Según el Ministerio Público, existió un acuerdo irregular entre el entonces representante de la empresa, Ulises Villegas, y funcionarios municipales para validar la obra sin cumplir los requisitos establecidos.

Luego de confirmarse la condena, Villegas no fue ubicado y continuó ejerciendo funciones de manera virtual, mientras su paradero se mantenía desconocido. Ante esta situación, su defensa presentó un habeas corpus para dejar sin efecto la orden de captura, recurso que fue admitido a trámite por un juzgado de investigación preparatoria, el cual solicitó información adicional antes de pronunciarse.

En la actualidad, el Concejo Municipal de Comas suspendió a Ulises Villegas como alcalde del distrito, tras encontrarse prófugo de la justicia por una sentencia de 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. La teniente alcaldesa Mónica Acuña Jara asumió las funciones en el municipio.

 

Caso Ciro Castillo

Ciro Castillo Rojo Salas, gobernador regional del Callao, es seguido por el caso “Los socios del Callao”. La investigación se originó a partir de presuntas irregularidades detectadas en contrataciones públicas realizadas durante el 2023 en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED). Según la tesis fiscal, al menos 15 funcionarios habrían integrado una presunta organización criminal que direccionó y adjudicó más de 60 contrataciones con el fin de eludir los procesos de selección. Con ello, la pérdida ocasionada al Estado ascendería a S/ 1 461 121.10, producto de contrataciones que habrían beneficiado a proveedores en reiteradas ocasiones.

Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia, pero el Poder Judicial ratificó la detención preliminar por 15 días contra Ciro Castillo Rojo Salas, en el marco de la investigación fiscal por el caso denominado “Los socios del Callao”. La decisión fue adoptada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, que declaró infundado el recurso presentado por la defensa del funcionario y confirmó la medida restrictiva dictada a pedido del Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.

 
El Ministerio Público atribuye a Ciro Castillo el rol de presunto líder de la organización criminal, junto con su asesor Jimmy Alexander Whu Cárdenas y la jefa de Logística del GORE Callao, Hiromi Zúñiga Jáuregui, quienes habrían actuado de manera coordinada en el direccionamiento de las contrataciones. Con ello, la Sala Penal declaró infundadas las apelaciones presentadas por otros investigados al considerar un riesgo de fuga.

Frente a los casos más mediáticos y en un contexto en el que autoridades continúan ejerciendo funciones pese a investigaciones graves y que otros pretenden postular a la presidencia con este tipo de historial, el Dr. Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela Profesional de Derecho de Universidad Nacional de Trujillo (UNT) responde sobre lo que debería cambiar en el sistema.

 

De cara a las elecciones generales del 2026, ¿qué debería cambiar a nivel legal o institucional para evitar que el país vuelva a elegir autoridades que terminan enfrentando finalmente procesos penales?

 

Yo creo que mucho. Hay que hacer reformas al sistema político, a las instituciones y a las reglas electorales (…) La normativa está diseñada para favorecer a los partidos que tienen representación en el Congreso y para los nuevos tiene más dificultad, además que no han tenido exposición en los medios. Hacerse conocido no es sencillo; nadie vota por alguien que no conoce. Por lo tanto, es eso: el sistema es perverso, está diseñado no para elegir al mejor ciudadano, sino para elegir al más conocido. Finalmente, es lo que el sistema nos empuja. En el lado ciudadano, hay que fortalecer la cultura política, hay que informarlos, hay que investigar. No podemos solo votar por odio, por miedo o por emociones, hay que verificar. La verdad es que la política se va construyendo con percepciones de las personas y muchas veces las percepciones no corresponden a la realidad.

 

Si este patrón se mantiene, ¿qué tipo de democracia estamos construyendo realmente en el Perú?

 

Está en crisis la democracia representativa. Tenemos una democracia, diríamos, secuestrada, mercantilizada y un sistema político que ha cambiado su razón de ser. Es decir, la política y el sistema político deberían estar orientados a buscar representantes que atiendan la diversidad de demandas y busquen el bien común, el bienestar general (…) La política se ha convertido en un espacio patrimonial mercantil en donde todos quieren entrar ahí para enriquecerse, no para servir, sino para servirse del poder. Y entonces eso desnaturaliza.

 

Así, el 2025 cierra como un año significativo para la justicia peruana, con sentencias a expresidentes y autoridades. Sin embargo, los casos de fuga evidencian limitaciones en la capacidad del Estado para ejecutar plenamente las resoluciones judiciales y garantizar la aplicación uniforme de la ley.