Por: Redacción Top News
El Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en zonas estratégicas del departamento de Piura para enfrentar el avance de la criminalidad desde múltiples frentes. La medida alcanza a los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como a las provincias de Paita y Talara.
La declaratoria fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 146-2025-PCM y publicada el 24 de diciembre en el diario oficial El Peruano. Su vigencia será de 60 días calendario.
El dispositivo legal incorpora medidas específicas de control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas, consideradas claves en la articulación del crimen organizado. Entre ellas figura la restricción de visitas en establecimientos penitenciarios y el desmantelamiento de antenas clandestinas.
Asimismo, se ejecutarán operativos para la incautación de tarjetas SIM y teléfonos celulares de procedencia irregular, utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior y exterior de los penales.
La norma dispone el decomiso permanente de armas de fuego, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, así como acciones orientadas a la recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.
Estas intervenciones buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas y restablecer el control del territorio en zonas críticas.
Durante el estado de emergencia, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Piura, Sullana, Paita y Talara sesionarán de manera permanente.
Además, en un plazo máximo de 24 horas desde la entrada en vigor de la medida, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), junto a comités distritales de coordinación, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con funcionamiento continuo las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La implementación de las acciones involucra a diversas entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.
También participan el Osiptel, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Sunat y los gobiernos regional y locales, como parte de un esfuerzo articulado para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden interno.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención se determinarán sobre la base de información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito.
El control territorial se ejecutará en áreas críticas mediante patrullaje permanente, instalación de puestos de comando temporales y operativos de control de identidad en la vía pública y, de ser necesario, en inmuebles.
Con esta disposición, el Gobierno refuerza una estrategia integral orientada a recuperar el control del orden interno en Piura, reducir los índices de criminalidad y restablecer la presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por la violencia, priorizando la protección de la ciudadanía.