Por: Redacción Top News
El narcotráfico y la minería ilegal han generado un fuerte impacto en la Amazonía peruana, especialmente en las zonas de frontera con Brasil y Colombia. En esta región estratégica, mafias internacionales han consolidado un entramado criminal que combina cultivos de coca, extracción ilegal de oro, tala indiscriminada y violencia armada.
Pese a los esfuerzos policiales y militares, estas organizaciones continúan extendiendo su influencia en áreas de difícil acceso, aprovechando la geografía y la limitada presencia del Estado.
La triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia se ha convertido en uno de los principales focos de actividad ilícita en la región. Bandas criminales, con sicarios a su servicio, deforestan extensas zonas de selva para habilitar cultivos de coca, pistas clandestinas y campamentos con laboratorios destinados a la producción de cocaína.
En los últimos años, estas redes también se han diversificado hacia la minería ilegal de oro, actividad que les permite lavar dinero proveniente del narcotráfico y fortalecer sus economías ilícitas.
En la última semana, una operación binacional entre Perú y Brasil, ejecutada bajo el Plan de Operaciones Amazonía 2025, logró la neutralización de más de 9 toneladas de droga, entre pasta básica de coca, sulfato de cocaína y PBC líquida.
Además, se destruyeron 10 campamentos ilegales, 11 narcolaboratorios y varias pistas de aterrizaje clandestinas. Según la Dirección Antidrogas (Dirandro), estas acciones generaron una afectación económica de aproximadamente 1 millón 473 mil dólares a las organizaciones criminales que operan en la zona.
Aunque las autoridades resaltaron que estas intervenciones representan un avance significativo contra el crimen organizado, también advirtieron que la Amazonía sigue siendo altamente vulnerable debido a su extensión territorial y cercanía con fronteras internacionales.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Perú produce más de 800 toneladas de cocaína al año, con un desplazamiento progresivo de los cultivos hacia zonas fronterizas con Brasil y Colombia.
La región Ucayali registra uno de los mayores incrementos de cultivos de coca, junto con la proliferación de pistas clandestinas y rutas fluviales para el tráfico de drogas, según un informe de Amazon Watch elaborado por el exdirector de Devida, Ricardo Soberón.
El año pasado se identificaron hasta 128 pistas clandestinas en seis regiones de la selva peruana. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que al cierre de 2025 se destruyeron más de 55.6 toneladas de droga decomisadas en todo el país.
El exministro del Interior Rubén Vargas advierte que el Perú atraviesa el mayor desborde criminal de su historia. Señala la coexistencia de dos escenarios: las estructuras criminales urbanas, donde predomina la extorsión, y las economías ilegales vinculadas al oro y la cocaína, con brazos armados cada vez más fuertes.
Según la Unodc, al 2024 los principales países productores de coca registran más de 355 mil hectáreas de cultivo, una cifra récord en el mercado global de drogas.
Vargas también alerta sobre el crecimiento del consumo de cocaína en nuevos mercados, especialmente Brasil, donde se estima que cerca de cinco millones de personas consumen esta droga. Este escenario está reconfigurando las rutas del narcotráfico peruano, utilizando los ríos Amazonas, Ucayali y Pichis Palcazu como verdaderas autopistas fluviales sin control efectivo.
Desde 2021, reportes de inteligencia advierten la presencia del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, controlando el tránsito de cocaína desde Perú hacia Brasil.
La minería ilegal se ha consolidado como otra gran amenaza en la Amazonía. Karina Garay, exfiscal y vocera del Observatorio de Minería Ilegal, señala que se trata de una actividad ilícita transfronteriza que alimenta a organizaciones criminales.
Informes recientes revelan que decenas de concesiones mineras se superponen con Áreas Naturales Protegidas, territorios de comunidades nativas y reservas indígenas, poniendo en grave riesgo ecosistemas y poblaciones vulnerables.
De acuerdo con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en la Amazonía peruana operan al menos 17 grupos armados y redes criminales, lo que ha transformado el problema en un desafío de seguridad y orden público.
Entre el 10 y el 21 de diciembre, el operativo binacional permitió incinerar 9,198 kilos de droga y más de 41 mil kilos de insumos químicos. También se destruyeron cuatro pistas clandestinas, se incautaron armas, equipos de comunicación y embarcaciones, y se desmantelaron laboratorios y campamentos ilegales.
Según la Dirandro, estas acciones impedirán que los narcotraficantes obtengan alrededor de 3 millones 360 mil soles, asestando un duro golpe a las mafias que operan en la Amazonía.