Por: Redacción Top News

La caída de ‘El Monstruo’ no significó el quiebre inmediato de su organización criminal. Por el contrario, las investigaciones fiscales revelan que su entorno más cercano activó una estrategia insólita para reunir dinero luego de su detención en Paraguay: la venta de polladas como mecanismo de recaudación.

Según el Ministerio Público, esta actividad fue organizada apenas días después de su captura, ocurrida el 24 de setiembre, con el objetivo de contar con fondos disponibles ante un eventual intento de rescate o para sostener la estructura económica del grupo delictivo.

 

Evidencias de una colecta encubierta

De acuerdo con la tesis fiscal difundida por América Noticias, entre las evidencias figura una tarjeta de colaboración fechada el 27 de setiembre, cuyo costo era de 100 soles. El documento incluía la frase “caída y mesa limpia”, expresión que viene siendo analizada por los investigadores como parte del lenguaje interno de la organización criminal.

Para la Fiscalía, esta maniobra demuestra la intención de mantener activa la red delictiva incluso después de la captura de su principal cabecilla, así como reforzar la lealtad y coordinación entre sus integrantes.

 

Detención de ‘El Monstruo’ en Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional de ese país y la Dirincri del Perú, tras varios meses de seguimiento de inteligencia.

Su captura fue considerada un golpe importante contra la organización conocida como Los Injertos del Cono Norte, dedicada principalmente a la extorsión.

En el marco de las investigaciones, las autoridades identificaron a alias ‘Pollero’, Luis Antonio Gamarra Niño, quien fue detenido el 22 de noviembre durante un operativo de la Diviac contra esta red criminal.

Según la Fiscalía, Gamarra Niño habría sido uno de los hombres de confianza de ‘El Monstruo’ y cumplía un rol estratégico dentro de la organización. Incluso, habría presionado para convertirse en socio de una empresa de transporte público que era víctima de extorsiones, con el fin de asegurar el flujo constante de dinero ilegal.

 

Amenazas contra el fiscal del caso

El fiscal a cargo de la investigación, César Changa, denunció haber recibido amenazas contra su vida y la de su familia el pasado 28 de octubre. Ante esta situación, solicitó resguardo policial a la Fiscalía de la Nación.

El pedido fue reiterado el 25 de noviembre al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; sin embargo, hasta el momento no se habría dispuesto una protección efectiva.

Las autoridades consideran que estos hechos confirman que la organización criminal buscaba mantener su poder económico y el control de las extorsiones, incluso con su líder detenido y fuera del país.