Por: Redacción TopNews

El Congreso declaró improcedente la solicitud de Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia, al considerar que no fue elegida por voto popular, llegó a la jefatura del Estado por sucesión y no culminó el periodo presidencial que asumió luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La decisión, sustentada en un informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento, ya fue notificada oficialmente a la exjefa de Estado.

Los argumentos del Congreso

El monto de la pensión que solicitaba equivale a la remuneración de un congresista, alrededor de S/15.600 mensuales. Pero, de acuerdo con la evaluación técnica, la ley que regula la pensión vitalicia para expresidentes establece requisitos claros que, en este caso, no se habrían cumplido. Entre ellos, se señala que Dina Boluarte no accedió a la Presidencia mediante elección popular, sino por sucesión constitucional. 

Asimismo, el documento concluye que la exmandataria no completó el periodo presidencial establecido por la Constitución, debido a que fue vacada por incapacidad moral por el propio Congreso. Estas condiciones, según el análisis parlamentario, hacen que la Ley N.º 26519 no sea aplicable a su situación.

Otros beneficios solicitados

La solicitud de Boluarte fue presentada apenas diez días después de dejar el cargo, mediante una carta dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. En el documento, la exmandataria pidió expresamente el otorgamiento de la pensión vitalicia, además de una serie de beneficios adicionales que suelen concederse a expresidentes.

Entre estos beneficios figuraban: vehículo oficial de uso permanente, escolta de seguridad, seguro privado, un trabajador bajo modalidad CAS con sueldo de S/3.700 y una asignación mensual de 150 galones de gasolina.

Hasta el momento, el Legislativo solo se ha pronunciado sobre la pensión, pero no ha definido si mantendrá o recortará esos beneficios adicionales, que no están desarrollados en la Ley 26519, sino en acuerdos internos del propio Parlamento. Especialistas advierten que, mientras no se apruebe una regulación específica, estos privilegios podrían seguir vigentes para Boluarte.