Por: Redacción Top News

El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, el Estado ha sido sancionado en tres ocasiones por comités de las Naciones Unidas por impedir su acceso, incluso en casos de niñas víctimas de violación sexual. Las condenas evidencian una brecha persistente entre la norma y su aplicación, con impactos graves en la salud y la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes.

Dos de estas sanciones corresponden a casos de violencia sexual contra menores de edad. En todos, la ONU concluyó que el Estado vulneró derechos fundamentales al negar información, retrasar procedimientos o impedir directamente el aborto terapéutico.

 

Incumplimiento de la normativa vigente

Especialistas coinciden en que el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. En 2014, el Ministerio de Salud aprobó un Protocolo Nacional para regular el aborto terapéutico; sin embargo, su aplicación sigue siendo deficiente en diversos establecimientos de salud.

“Existen obstáculos, procesos lentos y barreras que impiden el acceso efectivo”, señaló Liz Méndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien advierte que muchos centros desconocen o se niegan a aplicar el protocolo.

 

Riesgos mortales para niñas y adolescentes

La situación es especialmente grave en niñas víctimas de violación sexual. “En menores de 15 años, un embarazo representa un riesgo mortal, porque el cuerpo no está preparado para la gestación ni el parto”, advirtió Méndez. Según el Ministerio de Salud, en el Perú muere una niña o adolescente cada 10 días por complicaciones relacionadas con el embarazo.

 

Tres fallos de la ONU

El Perú fue sancionado en 2005 por el Comité de Derechos Humanos, en 2011 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en 2023 por el Comité de los Derechos del Niño, en el caso de “Camila”, una niña indígena embarazada tras abuso sexual.

En los tres casos, los comités exhortaron al Estado a garantizar el acceso efectivo al aborto terapéutico y evitar la criminalización de niñas y adolescentes.

Katia Herrera, abogada y vocera de Demus, sostiene que existe una deuda histórica del Estado. “No se garantiza el derecho al aborto terapéutico cuando es necesario para proteger la vida o la salud física y mental”, afirmó.

Una encuesta de Demus reveló que solo el 27 % de las mujeres peruanas ha escuchado hablar del aborto terapéutico, lo que evidencia una omisión estatal en la difusión de este derecho.

 

Retrocesos recientes y brecha persistente

Este año, el Gobierno modificó la Guía Nacional del aborto terapéutico y eliminó el reconocimiento del daño a la salud mental en casos de violación infantil, pese a las reiteradas observaciones de organismos internacionales.

Mientras persistan las barreras administrativas, el temor del personal médico y la falta de información, advierten las especialistas, niñas y adolescentes seguirán enfrentando embarazos forzados y riesgos mortales.