Por: Redacción TopNews

Yvo Hora, pasdecano de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, cuestionó con firmeza la decisión del Congreso de inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señalando que esta medida representa “un grave atentado contra la institucionalidad democrática” y evidencia una “revancha política” por parte de sectores del Parlamento. 

La inhabilitación —que fue aprobada tras reconsideraciones y un segundo intento de votación— se sustenta, según el Congreso, en que Espinoza Valenzuela no habría acatado la Ley 3210, una normativa que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos. El informe final aprobado por el Legislativo sostiene que, en su calidad de integrante de la Junta de Fiscales Supremos, Espinoza habría desconocido esta ley, lo que constituiría abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato. Por ello, el Parlamento decidió suspenderla e iniciar además una causa penal cuyo expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación.

Para Hora, más allá de las críticas válidas que puedan hacerse a la gestión de Espinoza Valenzuela, el Congreso ha cruzado una línea peligrosa al intervenir de manera política en una institución autónoma encargada de la persecución del delito.

“El problema no es si Delia Espinoza nos cae bien o mal. Podemos cuestionar su gestión, podemos criticar los excesos en ciertas investigaciones, por supuesto. Pero lo que no podemos permitir es que se someta a la cabeza del Ministerio Público a una decisión política. Eso atenta contra el equilibrio de poderes”, afirmó el abogado.

Hora enfatizó que la inhabilitación se basa en un protocolo o reglamento que —según dijo— Espinoza no firmó ni emitió, mientras que quienes sí lo hicieron no han sido sancionados. Para el abogado, esta disparidad evidencia motivaciones ajenas al debido proceso.

“Esto es una revancha. Delia Espinoza ha investigado a varios congresistas, y lo que están demostrando ahora es que quien se meta con quienes tienen poder, pagará las consecuencias”, sostuvo.

El abogado alertó que la decisión congresal envía un mensaje peligroso para la democracia peruana: “Nos corresponde a todos defender nuestra patria y nuestras instituciones. Lo que está pasando es gravísimo”, afirmó, exhortando a la ciudadanía a expresar su rechazo frente a lo que considera una inhabilitación arbitraria.

El pronunciamiento de Hora se suma a diversas voces críticas que advierten que el Congreso estaría utilizando mecanismos constitucionales para influir y presionar a organismos autónomos, debilitando así el sistema de pesos y contrapesos del Estado.