Por: Redacción TopNews
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de prisión efectiva al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, al declararlo culpable del delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. La sentencia fue emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, después de un proceso que incluyó cinco años de investigación y catorce meses de juicio oral.
De acuerdo a la Fiscalía, Vizcarra recibió aproximadamente S/ 2.3 millones en sobornos de Obrainsa e ICCGSA durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Para el Ministerio Público, estos pagos se realizaron entre 2014 y 2016 con el fin de asegurar la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
La pena de inhabilitación para ejercer un cargo público es de 9 años.

(REUTERS/Gerardo Marin)
Argumentos
El colegiado, presidido por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, concluyó que existieron pagos ilícitos destinados a favorecer a las empresas involucradas. En el caso del Hospital de Moquegua, determinó que el consorcio liderado por ICCGSA pagó S/ 1.3 millones mediante operaciones simuladas.

Respecto al proyecto Lomas de Ilo, estableció que Obrainsa efectuó entregas que incluyeron el financiamiento del alquiler de una avioneta por 400 mil soles y otro desembolso de 600 mil soles.

El juzgado consideró que la declaración de Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, sobre Vizcarra es creíble y coherente: "Esta judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra Cornejo sí solicitó el pago del 2% del monto de 80.9 millones de soles por la adquisición del proyecto (...) Lomas de Ilo".
El tribunal también consideró acreditado que Vizcarra tuvo acceso a información privilegiada que utilizó para beneficiar a los consorcios participantes, y que parte de los sobornos fue gestionada por un allegado suyo, José Manuel Hernández, quien posteriormente integró su círculo político.
Un proceso marcado por apelaciones
La defensa del exmandatario presentó diversos recursos durante el proceso, todos desestimados por el Poder Judicial. Pese a que Vizcarra expresó confianza en obtener una absolución en la audiencia previa a la lectura de sentencia, el colegiado determinó que la evidencia fiscal —compuesta por testimonios, documentos y registros de pagos— resultaba suficiente para acreditar los actos de corrupción.

La Procuraduría Pública anunció que exigirá una reparación civil superior a S/ 4.6 millones por los perjuicios ocasionados al Estado en ambas obras.
Con la lectura de la sentencia, culminó uno de los procesos judiciales más extensos y relevantes relacionados con presuntos actos de corrupción durante gestiones regionales en el país.