Por: Redacción Top News
La evaluación de UNICEF y el INEI concluye que el Perú no ha cumplido los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más esenciales vinculados con la niñez y adolescencia. En 2024, el 36,6% de niñas, niños y adolescentes vivía en pobreza monetaria, mientras que el 8,2% estaba en pobreza extrema, con brechas profundas entre áreas urbanas y rurales.
Aunque los presupuestos para programas como Qali Warma y Cuna Más aumentaron en la última década, los resultados han sido insuficientes para alcanzar las metas de reducción de pobreza y desnutrición.
Educación de calidad: avances limitados
Entre 2015 y 2024, las tasas de conclusión de primaria y secundaria crecieron de 81,7% a 93,6% y de 68,6% a 84,4%, respectivamente. Sin embargo, solo el 18,4% de adolescentes de segundo de secundaria logró un nivel satisfactorio en comprensión de textos y el 11,3% en matemática, lo que evidencia rezagos significativos en aprendizaje.
A pesar de la disminución de algunos indicadores, la violencia contra niñas y adolescentes persiste. Entre 2023 y 2024, la violencia contra mujeres adolescentes se redujo del 53,7% al 38%, pero aún cuatro de cada diez adolescentes mujeres de 15 a 17 años sufrieron violencia física, sexual, psicológica o verbal en el último año. Además, 17,9% de mujeres de 20 a 24 años declararon haber estado casadas antes de los 18 años.
Justicia y seguridad insuficientes
El informe indica que solo el 6,7% de adolescentes víctimas de delitos presenta una denuncia, reflejando la falta de mecanismos institucionales para proteger a la infancia y adolescencia. Además, existe una brecha de percepción de seguridad: el 63,4% de hombres se siente seguro caminando solos, frente al 46% de mujeres.
UNICEF e INEI recomiendan priorizar los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Se destaca la necesidad de políticas intersectoriales con enfoque territorial, de género e intercultural, sistemas de monitoreo eficaces y participación ciudadana para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia.