Por: Victoria Pereda

Debido a los altos índices de inseguridad en las ciudades de Trujillo y Virú, el gobierno declaró en estado de emergencia a estas provincias a través de El Decreto Supremo N° 130-2025-PCM, con el fin de frenar el aumento de extorsiones, crímenes y otros delitos que afectan gravemente a la ciudadanía.

Restricciones en el estado de emergencia

El decreto incluye un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y comités especializados, que se encargarán de los operativos y de dirigir acciones contra el crimen organizado. Además, se restringen los derechos constitucionales relacionados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política. 

De igual forma, se ordena la interconexión de cámaras municipales en coordinación con la central policial, y un protocolo de respuesta rápida al Ministerio Público y el Poder Judicial. En este contexto, si los ciudadanos desean realizar actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter público y masivo, deberán solicitar el permiso a las autoridades competentes.

En los penales

Por otro lado, dentro de los establecimientos penitenciarios se aplicarán restricciones en las visitas, una por semana para los internos del régimen cerrado ordinario y una cada quince días para régimen cerrado especial, que se limita únicamente a recibir familiares directos. Adicional a ello, se implementará un apagón eléctrico para evitar la comunicación ilegal fuera de las celdas. 

El Insituto Nacional Penitenciario (INPE) reforzará el control mediante acciones de inteligencia con apoyo de las fuerzas integradas. Se realizará un monitoreo aéreo con drones y traslados inmediatos de reclusos que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos, y se podrá disponer de medidas complementarias si resulta necesario para garantizar el orden interno en los penales.