Por: Redacción Top News

La violencia contra los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no se detiene. Desde el asesinato de Manuel Vásquez, director del penal Castro Castro, en 2010, hasta el reciente homicidio de dos agentes en Puerto Maldonado, el gremio penitenciario denuncia una crisis de seguridad sin precedentes.
Según el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, 22 servidores del Inpe han sido asesinados en los últimos 15 años.

“Nos amenazan y nos matan por hacer nuestro trabajo”, relata un agente penitenciario que prefiere mantener el anonimato.

 

Un historial de crímenes sin justicia

El 9 de enero de 2010, un atentado sicarial acabó con la vida de Manuel Vásquez Coronado, director del penal Miguel Castro Castro, cuando salía de su casa en El Agustino.
Seis años después, el 14 de octubre de 2016, el agente Cristian Cruz Luna, de 28 años, fue asesinado de cinco balazos tras culminar su jornada en el penal de Trujillo.
En 2017, la obstetra Selene Martínez Samamé, trabajadora del penal de Lurigancho, fue interceptada y asesinada cuando salía de su centro laboral.

El caso más reciente ocurrió el 30 de junio de 2025, cuando dos trabajadores del penal de Puerto Maldonado, Germán Vizcarra Alave y Gian Carlo García Alave, fueron asesinados por encapuchados a bordo de una motocicleta. Todo apunta a una venganza criminal.

Julio César Burga, presidente del sindicato del Inpe, advierte que el personal penitenciario trabaja sin garantías mínimas de seguridad, enfrentando amenazas tanto de internos como de bandas externas.
“Ser guardia penitenciario trae riesgos, pero en el Perú muchas veces acaba siendo una condena a muerte”, lamenta.

Entre las principales causas de esta crisis están la falta de armas y equipos de protección, el hacinamiento extremo, la corrupción interna y el déficit de personal.
“Si haces bien tu trabajo, te matan; si no te prestas para la corrupción, también te matan”, afirma Burga.

 

Una región que vive bajo el peso de las amenazas y el miedo

Las amenazas de muerte se han vuelto cotidianas. El director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, recibió mensajes intimidatorios con videos de armas tras ordenar el traslado de internos involucrados en el ingreso de drogas y armas.
Los mensajes incluían frases como: “Te vas a morir hoy… te vas a ganar tus plomazos”.

Hechos similares ocurrieron frente al penal de Lurigancho y en el penal Castro Castro, donde delincuentes dejaron granadas y dinamita junto a notas amenazantes dirigidas a directores y jueces penitenciarios.

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, reconoció la corrupción dentro del sistema penitenciario y aseguró que no le temblará la mano para separar a los malos funcionarios.
También anunció sanciones severas contra los internos que vulneren las normas, incluyendo traslados a pabellones de máxima seguridad.
El ministro insistió en que el sector mantiene una política de “tolerancia cero” ante la corrupción y la violencia en los penales.

 

Déficit crítico de agentes y hacinamiento extremo

El presidente del Inpe, Iván Paredes, advirtió que la institución carece del personal necesario para garantizar la seguridad en las cárceles.
Citó el caso del penal de Huaral, que alberga 4.200 internos pese a tener capacidad para 823, y el de Piura, con 4.500 presos en un espacio diseñado para 1.500.

“Necesitamos con urgencia más agentes penitenciarios. El promedio actual es de un guardia por cada 300 a 500 internos, cuando los estándares internacionales establecen uno por cada 30”, señaló Paredes.

 

Trujillo: amenazas de bandas criminales

El 20 de agosto, el director del penal El Milagro de Trujillo, Carlos Franco Medina, fue amenazado de muerte tras ordenar el traslado de 43 internos a otros centros penitenciarios.
Las investigaciones de la Policía identificaron a cuatro bandas criminales detrás de las amenazas: La Jauría, La Nueva Jauría, Los Pulpos y La Cruz Blanca.
“El mensaje era claro: que paremos los traslados y no apoyemos las requisas”, dijo el funcionario.

 

Un sistema al límite

Entre amenazas, corrupción, hacinamiento y falta de recursos, los penales del país se encuentran en una crisis estructural que pone en riesgo la vida de quienes intentan hacer cumplir la ley.
Mientras tanto, los trabajadores del Inpe siguen siendo el rostro más expuesto de un sistema que exige reformas urgentes y reales.