Por: Ami Custodio

Los representantes de empresas de transporte público plantean armar a los choferes ante la falta de garantías de seguridad. El gremio solicita al Ministerio del Interior facilidades legales para que los conductores porten armas durante su servicio. "Si no nos autoprotegemos, ¿quién nos va a proteger?", sostiene un dirigente.  

Lima Sur enfrenta una crisis por extorsiones y atentados contra buses. Empresas históricas como Santa Catalina, Evipusa y Etuchisa redujeron drásticamente sus operaciones. Calles con menos buses, choferes atemorizados y pasajeros que esperan más tiempo para movilizarse reflejan el impacto de la violencia.  

El sector pierde más de S/ 100 mil mensuales por mantener unidades estacionadas ante el temor a nuevos ataques. Rutas enteras se suspenden y los turnos se recortan, afectando los ingresos de los trabajadores.  

Algunos choferes continúan manejando, pero reconocen que cada jornada los expone a perder la vida. Empresarios advierten que, sin una respuesta inmediata del Estado, armar a los conductores será una alternativa inevitable frente al crimen organizado.  

El caso de la empresa Las Águilas 75 ilustra la gravedad de la situación. Tres organizaciones criminales extorsionaron al gerente y a los choferes, exigiendo dinero bajo amenazas. De los 40 choferes originales, solo la mitad continúa trabajando debido al miedo a represalias.  

Ante la inseguridad, algunos propietarios evalúan obtener licencias de armas, mientras sienten que la policía no brinda protección constante.