Por: Ami Custodio

Antecedentes del caso
La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra y más de 20 exfuncionarios de su gobierno, incluida la exviceministra Fiorella Molinelli. La acción judicial responde a la deuda de más de 100 millones de dólares que el Estado debe pagar tras perder un arbitraje internacional con el consorcio Kuntur Wasi.  

El caso se origina en 2017, cuando Vizcarra, como ministro de Transportes, resolvió unilateralmente el contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. La decisión fue tomada tras el rechazo del Congreso y la Contraloría a una adenda firmada con Kuntur Wasi, que alegaban irregularidades a favor de la empresa.  

Consecuencias y acciones legales

El consorcio Kuntur Wasi, integrado por Corporación América y Andino Investment Holding, recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El tribunal determinó que la terminación del contrato fue arbitraria y ordenó al Perú pagar una compensación millonaria. Actualmente, el país se encuentra en rebeldía tras negarse a cumplir con el fallo.  

El ministro de Transportes, César Sandoval, anunció que no se desembolsará ningún pago hasta que se agoten todas las vías legales contra los responsables. “Antes de pagar, corresponde dejar claro quiénes son los responsables”, afirmó Sandoval, señalando a Vizcarra y su entorno como principales implicados.  

El proyecto del aeropuerto de Chinchero, iniciado en 2014, registra menos del 40% de avance tras más de siete años de su cancelación. La denuncia busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en las concesiones de infraestructura pública.  

La medida llega en un contexto en que Vizcarra enfrenta múltiples procesos judiciales, incluyendo los vinculados al caso Lava Jato. La inclusión de Molinelli refuerza el alcance de la investigación, que aún deberá ser admitida por el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales.