

Por: Ami Custodio
El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, avanza con la confirmación de que Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, declarará en su contra. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo Lava Jato, presenta alegatos iniciales que vinculan a Villarán con la recepción de aportes ilícitos para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013, a cambio de favorecer a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
Barata declarará que Villarán y su exgerente municipal, José Miguel Castro, recibieron directamente dos millones de dólares en 2013. Según el fiscal, Castro solicitó el dinero en las oficinas de Odebrecht, y Villarán lo agradeció posteriormente. Esta situación podría constituir un delito grave, ya que la ley exige la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para cualquier asociación entre entidades estatales y privadas.
La Fiscalía sostiene que los contratos de peajes otorgados a Odebrecht y OAS se realizaron sin la opinión técnica del MEF, vulnerando la normativa. En el caso de Odebrecht, el pago ilícito habría alcanzado tres millones de dólares a cambio de la concesión de Rutas de Lima. Respecto a OAS, la adenda número uno del contrato Línea Amarilla se aprobó sin la evaluación del MEF, elevando la inversión de 480 a 561 millones de dólares.
La defensa de Villarán, liderada por la abogada Merly Edquen, asegura que la exalcaldesa reconocerá los aportes de campaña durante el juicio. No obstante, enfatiza que se debe aclarar el monto exacto recibido y sostiene que estos aportes no deben considerarse ilegales, ya que en el momento de su recepción no constituían un delito. Villarán enfrenta una solicitud de 29 años de prisión por asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos, entre otros delitos.
El proceso enfrenta complicaciones, como la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y pieza clave del caso, y la suspensión del juicio contra Leo Pinheiro, expresidente de OAS. A pesar de ello, el Ministerio Público se mantiene confiado en lograr una condena contra Villarán, respaldado por peritajes de la Contraloría y testimonios de colaboradores eficaces. El juicio, que lleva ocho años en proceso, continúa revelando detalles clave sobre las concesiones entregadas durante su gestión en la Municipalidad de Lima.