Por: Redacción TopNews

En horas de la madrugada, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú ejecutaron un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en San Borja. Este operativo forma parte de la investigación denominada Ícaro, que busca esclarecer presuntos delitos de corrupción, favorecimiento ilícito y encubrimiento. Simultáneamente, se realizaron diligencias en otros inmuebles vinculados al caso, incluyendo una oficina en San Isidro relacionada con el general en retiro Percy Tenorio.  

La investigación señala que Nicanor Boluarte estaría implicado en cuatro delitos principales: favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía, cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos, apoyo irregular a la mina El Dorado y encubrimiento de pruebas. Además, se sospecha que habría intentado crear un arraigo artificial para evadir otras medidas judiciales, asegurando un entorno laboral estable a través de empresas afines.  

Uno de los aspectos más destacados del caso es el presunto uso político de operativos policiales. Entre agosto y septiembre de 2024, se habría impulsado un operativo para recuperar terrenos de las minas El Dorado, Agripina 1 y Agripina 2, sin la debida autorización de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho. Este hecho estaría vinculado al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y se investiga si hubo un favorecimiento ilícito de intereses privados.  

Las autoridades buscan determinar si Nicanor Boluarte y otros implicados actuaron de manera coordinada para beneficiar a empresas mineras y ocultar evidencia relevante. Este caso refleja los esfuerzos del Ministerio Público por combatir la corrupción en altos niveles de poder, aunque también pone en evidencia los desafíos para garantizar la transparencia en procesos administrativos y judiciales.  

El operativo Ícaro marca un hito en la lucha contra la corrupción en el Perú, pero también plantea interrogantes sobre la influencia política en las instituciones del Estado. Los resultados de esta investigación podrían tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la justicia y la gobernabilidad en el país.