Por: Redacción TopNews

La noche del jueves 14 de agosto de 2025 fue especialmente violenta para los vecinos de la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo. Un potente artefacto explosivo estalló en una vivienda, dejando al menos siete personas heridas, más de veinte casas dañadas y cortes de energía que se prolongaron por horas. El estruendo se escuchó en varios distritos, generando miedo y confusión entre residentes y comerciantes del área, una zona habitual de actividad comercial diurna y nocturna.

Contexto e Investigaciones

El ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó acompañado del jefe del Estado Mayor de la PNP, el general Óscar Arriola. Malaver descartó que el atentado tuviera fines extorsivos y recalcó: "Esto es una disputa entre bandas rivales; la Policía ya está ejecutando acciones para identificar y detener a los responsables. La zona fue atacada con explosivos de tipo minería ilegal, estamos coordinando para que los afectados reciban el apoyo necesario y, si es necesario, se demuelan las viviendas más comprometidas.

Las organizaciones “Los Pepes” y “Los Pulpos”, ambas reconocidas por su violencia y estructuras organizadas, intensifican su guerra por el dominio de la ciudad. 

Tras la detonación, videos con amenazas explícitas circularon en redes sociales, mostrando cómo “Los Pepes” enviaron mensajes amenazantes, pidiendo “un millón de soles vale tu vida... 48 horas"

Respuesta Estatal

Las imágenes de viviendas destruidas y familias evacuadas contrastan con la exigencia ciudadana al Gobierno. el ministro de Vivienda, Francisco Witemburi, recorrió el área afectada acompañado por vecinos desesperados ante la posibilidad de perder sus hogares. "Lo primero es atender a las familias. Vamos a hacer el levantamiento técnico lo más rápido posible. Si Defensa Civil confirma la inhabitabilidad, trabajaremos para que nadie quede en la calle", aseguró Witemburi ante la prensa local, visiblemente conmovido por la magnitud de los daños.

Señaló que se otorgará un bono de arrendamiento de 500 soles mensuales durante un plazo de dos años, dirigido a las personas que quedaron sin vivienda. Además, confirmó la entrega de un bono complementario para la reparación de las casas que sufrieron colapsos.

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, se pronunció enérgicamente: "Lo de anoche es un acto terrorista, por lo tanto, esto tiene que cortarse. No debemos seguir con estados de emergencia; debemos declarar estado de sitio siguiendo la Constitución. Ya no podemos esperar otros seis meses para prevenir otro ataque", exigió en conferencia de prensa junto a ministros y altos mandos policiales. Pidió a la presidenta Dina Boluarte aplicar el artículo 137 y al Congreso aprobar una ley de terrorismo urbano, instrumento legal que tipifique y castigue con mayor severidad estos atentados frecuentes en la región.