Por: Redacción Top News

En un contexto de incertidumbre económica para muchas familias, el Estado ha oficializado una medida que busca aliviar la presión financiera de los trabajadores del sector formal. Con la reciente promulgación de la Ley N.º 32322, los beneficiarios de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) podrán retirar, de manera libre y sin restricciones, el 100% de sus fondos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Acceso total a fondos y enfoque humanitario

“La libre disposición de la CTS representa un alivio inmediato para millones de trabajadores, especialmente en un escenario donde muchas familias enfrentan deudas o necesidades urgentes”, sostuvo Claudia Horna, especialista de GARC Asesoría Empresarial.

Esta medida permitirá que más de 5 millones de trabajadores formales accedan a sus recursos acumulados para cubrir necesidades personales, enfrentar emergencias médicas o emprender nuevos proyectos. Uno de los aspectos más valorados de la ley es su enfoque humanitario, que autoriza el retiro total inmediato de la CTS para aquellos trabajadores diagnosticados con enfermedades terminales, permitiéndoles enfrentar tratamientos o cuidados con mayor dignidad.

Depósito obligatorio vence este 15 de mayo

Cabe recordar que el 15 de mayo de 2025 vence el plazo legal para que las empresas realicen el depósito correspondiente a la CTS del primer semestre. Desde ese momento, los trabajadores podrán disponer de estos fondos a través de los canales bancarios habilitados, tanto presenciales como virtuales.

Llamado a la responsabilidad financiera

Sin embargo, desde el sector empresarial, se recomienda prudencia. “Aunque esta ley permite un uso inmediato del dinero, es importante que los trabajadores comprendan que la CTS fue diseñada como una reserva frente al cese laboral. Hacer un uso responsable de estos recursos es clave para no comprometer la estabilidad financiera a largo plazo”, agregó Horna.

La Ley N.º 32322 ha sido bien recibida por gremios laborales y asociaciones de consumidores. No obstante, especialistas coinciden en que su correcta aplicación dependerá del grado de conciencia financiera de los beneficiarios y del cumplimiento puntual por parte de los empleadores.