Por: Redacción Top News

Este miércoles 14 de mayo, la presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia irrevocable del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, así como la de todos los integrantes de su gabinete. La medida se formalizó mediante resoluciones supremas publicadas en el diario oficial y llega en medio de una creciente crisis política marcada por cuestionamientos a la gestión gubernamental frente a la inseguridad ciudadana.

Adrianzén, quien asumió el cargo el 6 de marzo de 2024, oficializó su salida a través de un mensaje televisado desde Palacio de Gobierno, acompañado por la mandataria y los ministros. “Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable”, expresó, defendiendo su desempeño al frente del gabinete.

Múltiples mociones de censura aceleraron la decisión

La salida de Adrianzén se da mientras el Congreso evaluaba cuatro mociones de censura presentadas por diversas bancadas —Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular y un grupo de no agrupados— que lo acusaban de incapacidad para enfrentar la violencia, especialmente tras la reciente masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad.

Horas antes del anuncio oficial, Boluarte tomó juramento a tres nuevos ministros: Raúl Pérez-Reyes (Economía y Finanzas), Carlos Malaver Odias (Interior) y César Sandoval (Transportes y Comunicaciones). Sin embargo, los nombramientos no fueron suficientes para frenar la presión política, y los tres también pusieron sus cargos a disposición junto al resto del gabinete.

Renuncias generalizadas y nuevo reto para el Ejecutivo

Entre los ministros salientes figuran también titulares de carteras clave como Trabajo (Daniel Maurate), Agricultura (Ángel Manero), Salud (César Vásquez), Educación (Morgan Quero), Justicia (Eduardo Arana) y Defensa (Walter Astudillo), lo que implica una recomposición total del Ejecutivo.

La presidenta Boluarte deberá ahora designar un nuevo equipo ministerial en medio de fuertes demandas de sectores políticos y autoridades regionales por un gabinete técnico, independiente y sin vínculos partidarios, que logre enfrentar con eficacia la crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa el país.