Por: Redacción Top News

La reciente decisión del gobierno de suspender las actividades mineras en la provincia de Pataz ha generado desconcierto en el sector privado, especialistas y autoridades locales. Si bien se ha aclarado que la medida no afecta directamente a empresas formalizadas, la falta de precisión y la demora en su publicación oficial han generado una situación de incertidumbre que puede tener graves consecuencias económicas y sociales.

Pataz concentra más del 50% de la producción de oro de La Libertad, región que, a su vez, representa el 32.8% de la producción aurífera nacional. Solo en esta provincia se produce mensualmente un estimado de S/650 millones en oro, cifra que no solo sostiene a miles de familias sino también aporta directamente a la recaudación fiscal. De acuerdo con cifras oficiales, el 25% del Impuesto a la Renta proviene actualmente de la minería.

“Más allá de las buenas intenciones, paralizar la minería formal así sea de manera confusa o temporal solo debilita el control territorial y fortalece a las mafias que operan en la minería ilegal”, advierte Guillermo Ruiz Carbajal, gerente general de GARC Asesoría Empresarial y Grand Security & Services. “El Estado parece estar cediendo terreno en lugar de consolidarlo. La minería legal está siendo sacrificada mientras la ilegalidad se reorganiza para ocupar su lugar”, añadió.

Ruiz cuestionó además que el discurso oficial haya cambiado en menos de 24 horas, generando un “ambiente de cacofonía institucional”. La medida fue presentada inicialmente como una suspensión general, luego restringida a actividades no formalizadas, y finalmente aún no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, lo que impide su aplicación clara. “Es un despropósito. La minería ilegal no se combate retirando a quienes sí cumplen con la ley”, sostuvo el especialista.

La suspensión también pone en riesgo más de 21,000 empleos formales, además de afectar a proveedores, contratistas y comunidades que dependen de esta actividad económica. Según Ruiz, “detener las operaciones de empresas formales implica frenar exportaciones, recaudación tributaria y salarios en un contexto donde la economía necesita activarse con urgencia”.

Finalmente, advirtió que las medidas mal enfocadas generan efectos contrarios a los deseados: “El crimen organizado ya está posicionado en Pataz. Retirar la presencia formal, aunque sea por un mes, es entregarles el terreno libre. Necesitamos más inteligencia operativa y seguridad, no medidas improvisadas que castigan al que hace las cosas bien”, concluyó.