Por: Redacción Top News

Por: 

Guillermo Ruiz Carbajal
Gerente general de GARC Asesoría Empresarial y Grand Security & Services, y empresario en asesoría de negocios y seguridad patrimonial

La Libertad concentra la tercera parte de la producción de oro a nivel nacional. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en 2024, tuvo una participación de 32.8% en la producción total. Es decir, que se produjeron más de 35.4 millones de gramos finos de oro. De ello podemos colegir que La Libertad aporta 3.3 gramos de cada 10 que se producen a nivel nacional. En este contexto, Pataz es la Provincia que reúne la mayor actividad minera; en el 2024, concentró el 63% de la producción en la región y en enero-febrero de 2025 el 51%. Es negligente que esta zona estratégica, siendo importante para la economía nacional, carezca de la suficiente presencia estatal para contrarrestar el crimen organizado.

En promedio, teniendo en cuenta la producción de 2024, Pataz genera mensualmente 1.8 millones de gramos finos de oro. Siguiendo la data del BCRP el precio del oro por onza troy es de 2,987 dólares. En base a esto, podemos estimar que el valor de la producción de oro por gramo es de S/ 351.50. En esa línea, Pataz produce, mensualmente, un estimado de 650.6 millones de soles. Este es un capital importante que dinamiza la economía local y que está en riesgo por la falta de capacidad del gobierno. Tras la masacre de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, las medidas del gobierno no hacen más que afectar la economía legal. 

Pataz produce, mensualmente, un estimado de 650.6 millones de soles. Este es un capital importante que dinamiza la economía local y que está en riesgo por la falta de capacidad del gobierno.

El descuido estatal por Pataz es un lastre que, históricamente, arrastra La Libertad en materia de seguridad. La región ha sido tomada por bandas organizadas dedicadas a la extorsión, secuestro, sicariato, tráfico de drogas y, en los últimos años, se han involucrado en el negocio de la minería. La relación entre bandas criminales y minería se remonta a la dotación de “seguridad” que brindaban a pequeños empresarios mineros: resguardando o “chalequeando” el transporte del mineral en las olvidadas rutas de la sierra liberteña. Posteriormente, los delincuentes vieron un mercado fecundo para depredar. No pasaría mucho para que comiencen a tomar o improvisar socavones clandestinos.

El mismo modelo de concesión generó permisos a partir de contratos para que mineros artesanales puedan extraer oro. Esto generó una desorganización en la cadena productiva. La falta del control total del territorio por parte del Estado sumada a la aquiescencia de la concesión ha generado que se creen mercados paralelos de venta y reventa de oro.  Si a ello se le agrega criminales, con cierta capacidad logística para delinquir, obtenemos el panorama actual. 

La relación entre bandas criminales y minería se remonta a la dotación de “seguridad” que brindaban a pequeños empresarios mineros: resguardando o “chalequeando” el transporte del mineral en las olvidadas rutas de la sierra liberteña.

Pataz hoy llenando las portadas de los principales diarios del país, fue desde hace más de una década Trujillo tomada por la extorsión. Desde La Libertad ya no solo se exporta delincuentes, como alguna vez dijera un exministro del interior; sino, también oro producto del caos. Las recientes medidas no serán solo montos negativos en una hoja de cálculo; serán 21,695 trabajadores legales directos que dejarán de percibir salarios para sustentar a sus familias. Esto a su vez podría distorsionar el consumo local afectando directamente toda la economía formal. 

¿Qué garantía ofrece el detenimiento de la actividad minera legal para el combate contra el crimen organizado? Ninguna. Pataz ya está en Estado de Emergencia hace más de un año. Las bandas criminales no se desarticulan por decretos; más bien se alimentan de la falta de respuestas eficientes. La reducción de la actividad minera puede venir acompañada de actores ilegales que vean la oportunidad de expandir sus operaciones. En este punto es necesario recalcar que la minería ilegal no son solamente organizaciones criminales sacando oro de un socavón. También se trata de la formación de más economías ilegales a raíz de este delito: redes de trata de personas, de tráfico de armas y explosivos, corrupción y lavado de dinero. 

Las recientes medidas no serán solo montos negativos en una hoja de cálculo; serán 21,695 trabajadores legales directos que dejarán de percibir salarios para sustentar a sus familias. 

El impacto de las decisiones gubernamentales no solo se debe medir en términos monetarios, sino es vital comprender que se están perdiendo vidas. Mes a mes, más familias se quedan solo con el recuerdo de hijos, padres o hermanos trabajando en la mina para poder salir adelante. ¿Cuánto dinero se debe perder? ¿Cuántas personas más tienen que ser víctimas de la minería ilegal para que el gobierno comprenda que tiene que cumplir con garantizar la seguridad de todos? Las víctimas se siguen apilando como documentos esperando su trámite y no hay quién responda. Parafraseando el célebre poema tiempos imperfectos pareciera que “el Perú siempre será quimera, oro, pólvora… penuria y muerte”.