Por: Redacción Top News

Cada año, con la proximidad del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada del impuesto a la renta, miles de trabajadores del sector privado se preguntan: “¿Recibiré utilidades?”. La expectativa crece, mientras que persisten dudas sobre este beneficio regulado por el Decreto Legislativo N.° 892.

“La distribución de utilidades, más que una obligación legal, debería ser una oportunidad para fortalecer el compromiso y la transparencia en las relaciones laborales”, señala Claudia Horna Rojas, Contadora Pública Colegiada y Asesora Laboral en GARC Asesoría Empresarial.

En Perú, el pago de las utilidades 2025 se estima que se realizará entre finales de marzo y mediados de mayo de 2025. Este pago se realiza dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Sin embargo, las compañías tienen la alternativa de efectuar el pago antes del límite de tiempo si así lo consideran conveniente.

¿A quiénes beneficia?

Este beneficio alcanza a los trabajadores de empresas privadas con más de 20 empleados, sin importar si laboraron solo algunos días durante el año. El cálculo se basa en la remuneración total y los días efectivamente trabajados, garantizando que tanto el esfuerzo como el tiempo invertido sean considerados.

Por otro lado, las empresas que no excedan los 20 trabajadores no están obligadas a repartir utilidades. Asimismo, tampoco lo están: las microempresas que estén acreditadas en el REMYPE, cooperativas, empresas autogestionarias, ni las sociedades civiles. También están excluidos los locadores de servicios o personas contratadas bajo cualquier modalidad formativa.

Para la especialista, la distribución de utilidades no debe verse como una carga, sino como una posibilidad de reconocer el aporte de los trabajadores. “Aún queda camino por recorrer para lograr mayor transparencia en este proceso. Mientras tanto, la responsabilidad de los contadores y asesores laborales es seguir informando, guiando y promoviendo buenas prácticas que equilibren los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas”, concluye.